La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, está investigando si Ángel de Cabo, presunto testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, intentó sobornar a los administradores concursales del grupo Marsans. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a elEconomista que el empresario valenciano habría seguido en la compañía turística una estrategia similar a la que llevó a cabo en Nueva Rumasa, donde no dudó en contratar detectives, elaborar dossiers e incurrir en todo tipo de prácticas ilegales de extorsión para lograr su máximo beneficio.
De hecho, el magistrado Pablo Ruz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, emitió ya un auto el pasado mes de febrero en el que acusaba directamente al empresario valenciano de utilizar procedimientos ilegales.
Ruz destacaba "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", elaborando incluso pagarés falsos, imitando firmas originales previamente facilitadas y utilizando los ordenadores e impresoras del Grupo Nueva Rumasa.
Si todo salía tal y como estaba previsto, Del Cabo se llevaría un 20% de lo que lograra y Ruiz-Mateos el 80% restante.
Tanto la Fiscalía como la propia Policía Nacional están convencidas de que la estrategia se repitió en Marsans, aunque habrá que demostrar ahora si los administradores concursales o los jueces de lo mercantil se dejaron o no sobornar, algo poco probable.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid nombró administradores concursales del grupo Marsans a la abogada Antonia Magdaleno, presente también en los concursos de las inmobiliarias Martinsa-Fadesa, Llanera y Urazca, así como del club de fútbol Levante Unión Deportiva; el economista Pedro Tortosa, elegido en representación de uno de los acreedores, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo,(IATA), el exmagistrado Edorta Etxarandio Herrera y el economista Rafael Martín Rueda.
A la espera de que avance la investigación, De Cabo y cuatro de sus subordinados en las empresas que habrían servido de tapadera para tratar de ocultar el patrimonio de Díaz Ferrán han recurrido, por otro lado, las fianzas que les impuso el miércoles de la semana pasada Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso.
Estrategia judicial
La defensa de De Cabo, que ejerce el abogado Ignacio Peláez, ha presentado un recurso de reforma ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante la Sala de lo Penal, pidiendo que se revoque su ingreso en prisión que podría eludir si deposita una fianza de 50 millones de euros.
También ha recurrido su situación procesal el colaborador de De Cabo y administrador de Nueva Rumasa, Iván Losada, al que el juez impuso una fianza de 30 millones de euros, así como los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Teodoro Garrido, a los que se les impuso una fianza de medio millón de euros.
El que por el momento, según las mismas fuentes, aún no ha recurrido su fianza es Díaz Ferrán que, como los otros arrestados, ingresó el pasado miércoles en la prisión madrileña de Soto del Real. Según la investigación, el antiguo dueño de Marsans y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, "diseñaron una estrategia" para ceder las empresas del grupo y sus bienes personales al empresario Ángel de Cabo con el fin de "aparentar su insolvencia patrimonial".
Red societaria
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que una de los colaboradores de De Cabo, el abogado fiscalista Rafael Tormo, creó una estructura societaria en Suiza, Liechtenstein y Hong Kong para poder facilitar la evasión de capitales, tanto a los Ruiz-Mateos como a Díaz Ferrán. Tormo habría mostrado su disposición ahora a colaborar con la justicia, detallando al máximo todas y cada una de las firmas y procedimientos utilizados.
El plan de Díaz Ferrán era vaciar las empresas y sacar sus bienes del país para evitar hacer frente a sus deudas, que superan los 400 millones de euros, y que tanto él como su socio, Gonzalo Pascual, habían avalado personalmente.
En este sentido, el exlíder de los empresarios españoles tenía deudas por 419 millones de euros y sólo 5,6 millones de euros en activos para hacerlas frente, lo que desemboca en un déficit patrimonial de 413 millones de euros. El empresario le debía ese dinero a 19 entidades bancarias y 28 empresas, entre las que se encuentran AC Hoteles (920.000 euros), Meliá (3,34 millones), Orizonia (34,1 millones) y Pullmantur (11,5 millones).
De momento, el juez cuenta ya con pruebas suficientes que demostrarían que De Cabo no operaba como comprador de Marsans, sino como testaferró de Díaz Ferrán. De hecho, en el auto en el que dictó pena de prisión, el magistrado aseguraba que éste siguió cobrando de Marsans tras su supuesta venta 100.000 euros mensuales de De Cabo.
Su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, al que ha acusado ahora de todo, no recibió en cambio ningún tipo de pago hasta su muerte.
Los trucos de Díaz Ferrán para no pagar
