El diseño del banco malo sigue su curso. El Gobierno se afana en completar el equipo gestor que capitaneará el vehículo y lo hace ofreciendo jugosas remuneraciones. Hasta un total de 500.000 euros recibirán los siete directivos que se pongan al frente del Sareb.
La firma de headhunting Spencer Stuart es la encargada de encontrar a los futuros responsables de la sociedad que gestionará los activos tóxicos del sector financiero español. Para culminar con éxito su búsqueda, que se circunscribe al terreno de la banca y al inmobiliario, cuenta con un aliciente: los salarios.
Según informa hoy el diario Expansión, las remuneraciones de la futura cúpula del banco malo se situarán entre los 150.000 y los 500.000 euros. El rango se asemeja al que se impone a las entidades rescatadas, aunque de acuerdo con el rotativo desde el Gobierno han querido destacar que las cantidades no se han fijado con este criterio, sino por "el deseo de que no haya sueldos millonarios en un entorno como el actual".
Según añade el rotativo, el FROB ha destinado un presupuesto de 2 millones de euros a Spencer Stuart para realizar las contrataciones.
¿Y los bancos sanos?
Las grandes entidades se muestran totalmente en contra de la creación del banco malo. Pero tras las presiones ejercidas por el Gobierno y el Banco de España se verán obligadas a participar en la constitución de este instrumento, denominado Sareb, para limpiar los balances de los grupos nacionalizados y los que reciban ayudas públicas.
Aunque todavía la decisión final no está adoptada a falta de conocer los detalles de la sociedad inmobiliaria -el precio y los activos concretos-, los principales bancos (Santander, BBVA y Caixabank) entrarán en el capital, previsiblemente, con dinero en efectivo. El resto de entidades sanas (Sabadell, Bankinter y Kutxabank) también podrían entrar en el accionariado.
Tras desechar varias alternativas, tendrán que pagar en conjunto hasta 3.500 millones, en función del resto de inversores privados que consiga atraer y el capital con el que se constituya el Sareb. El objetivo del Gobierno es que menos del 50% de las acciones estén en manos públicas (FROB) para que ni su deuda ni su déficit computen en las cuentas del Estado.
Las entidades sanas no están dispuestas a participar en este proyecto a cambio de activos ni a través de un crédito pignorado o deuda. Distintas son las razones. Una de ellas es que el montante no sería demasiado excesivo y, por tanto, un canje por sus propio ladrillo tampoco les compensaría para limpiar su balance. Otra es que el mercado podría estigmatizarlos como problemáticos al evacuar parte de su cartera tóxica, al igual que los nacionalizados o los que presentan déficit de capital.
Dinero contante y sonante
La opción de los bonos tampoco es deseada porque estos títulos tampoco les beneficiarían en nada por su escaso valor.
Bruselas y el Gobierno prefieren, además, que la entrada en el capital se produzca en efectivo, porque en un principio el Sareb tendrá que asumir costes de operatividad y tendrá que asumir, incluso, pérdidas, con lo que necesitará dinero contante y sonante.
Aun así, el Ejecutivo mantiene la puerta abierta para que los inversores privados adquieran títulos del banco malo a cambio de activos. El borrador del decreto que regula el banco malo sostiene que "el Sareb podrá recibir en aportación de inversores institucionales otros activos de similar naturaleza" a los previstos para las entidades que se vean obligadas a traspasar sus créditos e inmuebles adjudicados.
Según fuentes del sector, ésta fórmula estaría abierta para que fondos inmobiliarios pudieran participar del Sareb. El Ministerio de Economía pretende que estos, las aseguradoras y las grandes fortunes entren en el accionariado.
De momento ha encontrado resistencia en los encuentros informales mantenidos, como ocurrió con los fondos de inversión extranjeros. Todos los inversores, como la banca sana, quieren conocer antes de embarcarse en este proyecto todos los detalles.
El precio definitivo a los que comprará el banco malo los activos de las entidades con problemas se determinará días antes de la constitución oficial. Según fuentes del Ministerio, el supervisor y el Frob que dirige Antonio Carrascosa determinará las valoraciones el 29 de noviembre.
Las participadas de los bancos quedan fuera
