San Juan, 24 mar (EFECOM).- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos otorgó un contrato de 180 millones de dólares a la compañía Dragados USA, filial de Nueva York de la constructora española Grupo ACS, para la construcción de una represa en el sur de Puerto Rico.
La oficial de comunicaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU en San Juan, Elsa Jiménez, confirmó hoy a Efe que el próximo 1 de abril altos ejecutivos de la compañía, representantes del Gobierno de Puerto Rico y del Ejército de EEUU participarán en la ceremonia de inauguración de las obras.
Jiménez explicó que el pasado 14 de marzo se otorgó el contrato después de un proceso de subasta abierta para la construcción de la represa del Río Portugués, a unos cinco kilómetros al noroeste de la ciudad de Ponce.
La represa "de arco simple" medirá 67 metros de alto, 375 metros de ancho en su cúspide y se utilizarán 280.223 metros cúbicos de hormigón compactado.
El gobierno de EEUU aportará el 75 por ciento de los 180 millones de dólares mientras que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) del gobierno de Puerto Rico pondrá el otro 25 por ciento.
La represa servirá para proteger a unas 13.000 familias de los deslizamientos de terreno que se producen cada vez que el Río Portugués se sale de su cauce.
En 1985, 20 vecinos de la zona murieron como consecuencia de lo que se llamó el "derrumbe de Mameyes".
En terrenos aledaños a donde se construirá la represa, y que estaban previstos que se utilizaran para el depósito de los desechos de las obras, se encontraron restos arqueológicos precolombinos que expertos señalaron a finales del año pasado que podría tratarse del yacimiento más importante del Caribe insular.
Desde mediados de la década de 1980 se tenía constancia de que en los márgenes del Río Portugués había restos de una cultura indígena, pero no fue hasta principios de octubre pasado cuando se constató que el sitio arqueológico tiene unas dimensiones y características que lo hacen único.
Debido a su valor arqueológico, etnográfico e histórico del sitio, varias organizaciones y administraciones locales y federales se disputaron el estudio y la conservación del hallazgo.
Instituciones del Estado Libre Asociado (ELA) y sus arqueólogos exigieron hacer valer las leyes locales sobre patrimonio reclamando que les corresponde a ellos custodiar el hallazgo y decidir sobre su conservación cuando se supo que el Cuerpo de Ingenieros había sacado de la isla un número indeterminado de piezas.
También denunciaron la utilización de maquinaria pesada que habría mutilado el yacimiento causándole daños irreparables.
El Senado puertorriqueño aprobó entonces una resolución en la que ordenó que se investigue el manejo del yacimiento.
Jiménez, por su parte, explicó hoy que las piezas serán devueltas a Puerto Rico después de que sean evaluadas y que el yacimiento se había vuelto a cubrir para evitar su deterioro a la espera de que el gobierno local tenga los recursos para su estudio y conservación. EFECOM
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