Argentina ha lanzado una ofensiva internacional para tratar de lavar su imagen por la expropiación de YPF. La Cancillería tiene previsto distribuir el llamado Informe Mosconi, al que ha tenido acceso elEconomista, entre cerca de 140 representaciones argentinas en el exterior, así como a las embajadas extranjeras acreditadas en el país.
El mencionado informe recoge los resultados de la investigación realizada entre el 16 de abril y junio de 2012 por la intervención de YPF a cargo de Julio de Vido, ministro de Planificación, y del subinterventor y viceministro de economía, Axel Kicillof.
El propósito de este documento es aportar evidencia sobre "la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno" que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en el año 1999.
El informe también recoge una serie de documentos gráficos sobre los derrames en algunos pozos y su eventual daño ambiental, en un momento donde las provincias petroleras del país trabajan en contabilizar impactos medioambientales de cara a fijar una indemnización por la expropiación de YPF.
"Comprometió el autoabastecimiento del país"
El documento repasa también la historia de YPF y pone especial énfasis en cómo Repsol ha ido vendiendo activos de la filial argentina.
Además, los nuevos interventores de la petrolera destacan también la reducción de la producción y de las reservas, lo que "comprometió sensiblemente el autoabastecimiento del país". Por ello, explica el informe que la expropiación es "el primer paso para avanzar en la recuperación del autoabastecimiento energético y para volver a colocar a YPF entre las compañías líderes a nivel mundial".
Además, el documento subraya que Repsol utilizó YPF para apalancar y financiar su estrategia de expansión a escala mundial, "depredando los recursos hidrocarburíferos argentinos con su visión corto-placista que priorizó el giro de dividendos a su matriz sobre las actividades de exploración y explotación propias de las mejores prácticas del negocio petrolero".
En este punto es preciso recordar que el Gobierno argentino exigió la entrada de un socio local en el capital en 2007 que finalmente se tradujo en el desembarco de Enrique Eskenazi con un 25% del capital. El empresario no podía hacer frente al coste de esta inversión, por lo que el Ejecutivo del país instó a la petrolera a que el 90% de las ganancias se repartieran en dividendos.
El Gobierno argentino intenta así explicar a la comunidad internacional una decisión que le ha abocado a un arbitraje internacional. Además, califica la expropiación de "histórica decisión" que permite al país, en el marco de un conjunto de medidas de política pública implementadas en este estratégico sector, "avanzar hacia la soberanía energética nacional". El documento critica que la petrolera priorizó la monetización de reservas en activos ajenos a YPF ubicados fuera del país, como la importación de gas de Bolivia y GNL, principalmente.
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