Varios fondos de inversión con fuertes intereses en termosolar en España están muy disgustados por la forma en la que el Gobierno ha resuelto la reforma energética. Tal es así que acudirán a un arbitraje internacional en caso de que prosperen los términos del ajuste tal como está recogido en el anteproyecto de ley.
Pero hay más fondos con presencia en otras tecnologías y podrían llegar a sumarse a la hora de acudir a los tribunales para denunciar unas medidas que consideran gravemente discriminatorias y que deja en una situación muy crítica a estas plantas. Tal es así, que incluso ya se plantean no terminar algunas plantas en construcción que tendrían derecho a prima.
El problema que se presenta para la energía termosolar es que el recorte les afecta en tres sentidos. Por un lado, se les aplicará una tasa del 6 por ciento sobre los ingresos, al tiempo que se dejará de incentivar la parte de la energía vertida que esté producida con gas (en torno al 15 por ciento) y tendrán que pagar el céntimo verde aplicado a las fuentes contaminantes (gas, fuel y gasoil), del que hasta ahora estaban exentos.
Y es que a pesar de que el recorte que finalmente se aprobó el pasado viernes parece más laxo para la termosolar frente a la propuesta inicial, que arroba una tasa del 13 para esta tecnología, lo cierto es que se han incluido otros recortes de manera simulada para esta energía. En total, estas entidades financieras calculan que el sacrificio que tendrá que soportar la termosolar será de un 18 por ciento.
El sector termosolar defendía una tasa homogénea sobre el beneficio, al igual que han hecho países como Italia con la Robin Hood Tax. Además, advierten de que países intervenidos como Portugal están siguiendo una política energética totalmente diferente a la de España.
Estos fondos recuerdan que se interesaron por la termosolar en un momento donde los incentivos eran más elevados porque no se había prosperado aún en la curva de costes. Ahora creen que la medida propuesta es totalmente retroactiva porque estas plantas no pueden ajustar sus costes y tampoco pueden beneficiarse de la reducción que los mismos que ha experimentado el sector, ya que en estos momentos no podrían modificarlos sin que estuvieran obligados a cambiar de régimen de primas. Para más inri, al contrario que en otros sectores, no podrán repercutir la tasa que se ha impuesto.
Además, avisan de la gravedad de aplicar recortes retroactivos por parte de un Gobierno de "distinto color" al que aplicó dos decretos retroactivos en 2010 para la energía fotovoltaica.
Con todo, se ha generado una inseguridad jurídica que vulnera de lleno el Tratado Internacional de Energía, un acuerdo al que también se acoge el actual arbitraje en marcha impulsado por fondos con intereses en fotovoltaica que recurrieron los recortes de hace dos años.
Curiosamente, hay en vigor 33 arbitrajes internacionales por vulnerar este Tratado. En estos pleitos, Alemania y España son los únicos países considerados como primeras potencias que se encuentran en este listado, ya que el resto de estados denunciados son Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Polonia, Hungría o Macedonia, entre otros.
Representantes de estas firmas insisten en que tras los recortes de 2010 se han tenido que esforzar mucho para convencer a los inversores de que éste es un país seguro.
Pero ahora, con la desconfianza total de estos fondos, es muy probable que caigan en saco rato los planes del Ejecutivo de lanzar el Plan de Infraestructuras bajo un modelo de gestión público-privada. Además, estas entidades reconocen que habían mostrado previamente interés por otros proyectos en renovables y de infraestructuras que actualmente están parados.
Las eléctricas amenazan con una batalla judicial
