Las eléctricas llevan un año incumpliendo la Ley 12/2011 de responsabilidad civil. Desde septiembre del año pasado, los operadores de centrales nucleares no han logrado cerrar una propuesta para repartirse el control de las mismas. La normativa obliga a que el titular de una central sea una sociedad, con el fin de clarificar las responsabilidades en el caso de cualquier incidente.
El Gobierno quiere extender el actual esquema accionarial de Garoña al resto de centrales, que en su mayor parte son comunidades de bienes en las que las decisiones se toman por unanimidad, para evitar que se difuminen las responsabilidades, pero pese a las constantes negociaciones que se han mantenido, el pacto ha sido imposible y el Ministerio ha dejado correr los plazos sin forzar a las empresas a llegar a una solución.
El órdago que las eléctricas lanzaron la pasada noche del miércoles sobre la posibilidad de cerrar la central de Santa María de Garoña es una nueva muestra de la dejación de funciones del Ministerio de Industria que pese a que anunció que la reforma energética estaría lista a finales de julio, dos meses después sigue sin dar una solución al asunto y mantiene el riesgo regulatorio del sector.
Las compañías habían solicitado en dos ocasiones prorrogar el plazo para decidir si continuaban con la central a tenor de la incertidumbre regulatoria. Finalmente, Iberdrola y Endesa aseguraron que no se encuentran en condiciones para seguir con la central hasta que no se clarifique la mencionada reforma.
De esta manera, se ha incrementado la presión sobre el Gobierno ya que, a su vez, las agencias de calificación crediticia vigilan de cerca la situación de cara a nuevas rebajas del rating de estas compañías.
Industria justificó su negativa a prorrogar los plazos en que "afectaría negativamente al rigor y profundidad de su revisión", tal como le había advertido el Consejo de Seguridad Nuclear.
Endesa e Iberdrola, como operadores de la planta, podrán interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
Órdago: Nuclenor amenaza con cerrar Garoña
