La Paz, 11 jul (EFECOM).- El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Raúl Lema Patiño será investigado por autorizar de forma supuestamente irregular el pago a Repsol YPF de un subsidio por valor de 37 millones de dólares, dijo hoy una fuente oficial.
La investigación contra el ex ejecutivo, que dirigió la entidad entre 2002 y 2003, fue anunciada este martes por el actual titular de YPFB, Jorge Alvarado, durante una rueda de prensa celebrada en La Paz.
El pasado 23 de junio, la diputada del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Milena Aracely Hinojosa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Repsol Gas Bolivia por la presunta recepción ilegal de la subvención.
Entonces, la legisladora acusó a la subsidiaria de la petrolera hispano-argentina de haber recibido de forma irregular en 2002, 2003 y 2004 la subvención que se da a empresas que distribuyen gas licuado de petróleo (GLP, de uso doméstico) para que lo vendan más barato a los bolivianos.
Con su demanda, la diputada pretende que se devuelvan los 37 millones de dólares al Estado para que sean reinvertidos en salud y educación.
Alvarado enfatizó hoy que Repsol YPF no tenía derecho a cobrar ese dinero porque no estaba entre las empresas "que iban a ser favorecidas por la subvención".
Según el ejecutivo de la petrolera boliviana, los abogados de YPFB investigarán la presunta participación de los ex cargos de la entidad estatal en esos acuerdos que permitieron el cobro de la ayuda.
El mismo día de la denuncia, la filial de Repsol YPF en Bolivia defendió su inocencia en un comunicado de prensa en el que manifestó de "forma categórica que no ha incurrido en cobro ilegal alguno".
La firma señaló que sus operaciones "están sustentadas en los respectivos decretos supremos emitidos por el Gobierno nacional, así como en los contratos firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)".
La demanda de Hinojosa es la segunda presentada contra Repsol YPF en los últimos meses en Bolivia, después de que en marzo pasado, la Aduana Nacional se querellara contra los dos principales ejecutivos de otra de sus filiales, Andina, por un supuesto contrabando de petróleo.
Por aquella causa, pendiente de resolución, fueron detenidos y puestos en libertad horas después el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, sobre los que pesa una orden de arraigo que les impide abandonar el país sin un permiso especial de la justicia. EFECOM
ja/rac/prb
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