Empresas y finanzas

El Ministerio de Sanidad publicitó la inversión en sellos el año pasado

Editó un folleto promocional en el que aseguraba que se obtenían "importantes revalorizaciones". Hacienda ya había concluido su investigación, que se envió días después a la Fiscalía

El Ministerio de Sanidad y Consumo, el organismo del que depende el mercado de los bienes tangibles, editó hace sólo un año (junio de 2005) un folleto informativo sobre el sector, asegurando que "normalmente, se ofrece al consumidor una importante revalorización de estos bienes". La fecha de edición del folleto, del que se distribuyeron miles de ejemplares, es importante, ya que en ese momento, la investigación de la Agencia Tributaria ya estaba finalizada y las conclusiones se enviaron a la Fiscalía Anticorrupción muy pocos días después.

"Esta actividad empresarial consiste en comercializar sellos, obras de arte, antigüedades, etc, comprometiéndose a venderlos por cuenta del cliente, entregándole el importe de la venta o una cantidad para el supuesto de que no se halle un tercero que los adquiera en la fecha pactada", dice textualmente el documento distribuido por Sanidad.

No son entidades financieras
En formato tríptico, el folleto desgrana una serie de recomendaciones para que el cliente esté seguro con este tipo de inversiones. "Estas empresas no son entidades financieras", se asegura en el segundo párrafo. La inspectora de Hacienda María Teresa Yábar, que realizó la investigación sobre Afinsa y Fórum Filatélico, basó su informe precisamente en la premisa contraria: que no se trataba de empresas comerciales, sino que tenían un carácter financiero.

El Ministerio dirigido por Elena Salgado advierte en el tríptico al consumidor de que las entidades que invierten en sellos no están sujetas a la normativa que regula las entidades de crédito, las empresas de inversión o las instituciones de inversión colectiva.

Sólo alerta sobre una única obligación a las que están sometidas: "Estas empresas deben someter sus documentos contables a la auditoría de cuentas realizada por un profesional inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas".

Sanidad no advierte en ningún momento de presuntas irregularidades en estas empresas, a pesar de que la Agencia Tributaria explicaría en su informe de conclusiones, donde está basada la querella de Anticorrupción, que estas sociedades están en una situación de "total insolvencia".

El Ministerio de Sanidad, en la parte final del folleto, da una serie de recomendaciones sobre la comercialización de bienes tangibles. "Verifique que el producto existe y asegúrese de que, una vez realizada la operación, usted será reconocido como titular o propietario del mismo bajo cualquier circunstancia", se dice en el folleto.

En el último párrafo, Sanidad recuerda que estas empresas no están sujetas a ningún tipo de supervisión que vigile su solvencia y la transparencia de su operativa. Para que el cliente se quede tranquilo, sólo da una solución: "Si lo considera necesario, acuda a un experto, a las direcciones generales de Consumo de las Comunidades Autónomas, los Servicios Municipales de Información al Consumidor o a las Asociaciones de Consumidores para que le asesoren".

Los bienes tangibles siempre han carecido de una regulación específica. Existe la Ley 35/20003, de 4 de noviembre, sobre Instituciones de Inversión Colectiva, pero sólo obliga a estas empresas a presentar una auditoría de cuentas todos los años. Sanidad no se reunió nunca con los directivos de la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (Aseci), un organismo que agrupaba a 11 entidades del sector de bienes tangibles, pese a que estas empresas habían aprobado un código ético sobre el sector que querían que tramitara el Ministerio.

Pero el organismo dirigido por Elena Salgado prefirió editar su propio folleto en el que remite a las Comunidades Autónomas en el caso de que haya dudas por parte del cliente.

Insolvencia

Por otro lado, una de las empresas filatélicas intervenida, Afinsa, niegan que sea insolvente. Los directivos antes de la intervención, dirigidos por el presidente, Juan Antonio Cano, se han opuesto, en representación de la empresa deudora, a las peticiones que han llegado al Juzgado Mercantil 6 de Madrid para que comience el procesode suspensión de pagos (concurso), al igual que ya se está haciendo con Fórum.

Según los gestores, no se dan supuestos para la insolvencia como "un sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor", "embargos o ejecuciones pendientes", "alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes del deudor" o "incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago tributarias, de Seguridad Social o salariales" explican en el recurso.

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