Repsol ha abierto otro frente judicial contra Argentina. La petrolera ha presentado una denuncia ante el Juzgado del distrito sur de Nueva York en la que acusa al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de haber ocultado los movimientos accionariales realizados en la petrolera al organismo supervisor en Estados Unidos, la SEC.
Según la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso elEconomista, la petrolera asegura que el nuevo propietario de YPF no comunicó dentro del plazo de diez días la toma de una participación superior al 5%, tal y como exige la legislación en Estados Unidos. En esta ocasión, la petrolera ha ido sola en la demanda, en la que también sigue representada por el despacho Davis Polk & Wardwell y no ha contado con el apoyo del fondo Texas Yale.
Continuas reclamaciones
Este presunto incumplimiento se une a las reclamaciones que el supervisor de EEUU está realizando a la compañía. Tal y como adelantó este diario, la petrolera argentina tampoco ha resuelto todavía el trámite de presentación de cuentas y sigue pendiente del nombramiento de una comisión de auditoría, un extremo que podría resolverse en la junta celebrada ayer.
Todas estas reclamaciones podrían acabar forzando a la exclusión de la cotización de las acciones en la Bolsa de Nueva York, en contra del deseo de Cristina Fernández de Kirchner.
A la denuncia presentada en Nueva York se suman también algunas actuaciones que están practicando desde YPF con decisiones de la justicia argentina.
El pasado 1 de junio, YPF informó a la SEC de que el 14 de mayo había sido notificada la decisión de la juez de revocar la prohibición de voto en la junta de la petrolera, tal y como informó en su momento este diario, es decir, unos días antes. De este modo se notificaba oficialmente al Banco New York Mellon, tenedor de los títulos, que los accionistas podían ejercer libremente sus derechos de voto sobre las acciones que Repsol vendió en marzo del año pasado.
Esta situación, no obstante, deja prácticamente sin margen a la entidad para informar, ya que la junta se celebraba ayer mismo.
De acuerdo con la ley de expropiación, Argentina posee el 26% de YPF y las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) otro 25%. Eso los habilitaría para nombrar a 11 de los 17 directores, aunque la distribución definitiva de las sillas dependerá de la representación que finalmente certifique el resto de los accionistas y de cómo hagan valer sus votos.
La comunicación de YPF además resulta todavía más extraña al haberse notificado directamente a la compañía argentina, pese a que la denuncia presentada iba contra la venta realizada por Repsol.
Esta situación podría haber provocado que muchos de los fondos que tenían suspendidos los derechos de voto no los hubiesen ejercido y además abre la puerta a la impugnación de la junta.
El abogado independiente Luis García del Río se incorporará al consejo de YPF para defender los intereses de Repsol.
Repsol tendrá un puesto en YPF
