Bruselas, 5 mar (EFECOM).- El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará mañana sobre la denuncia de la Comisión Europea contra España por las restricciones impuestas al grupo alemán E.ON para hacerse con la eléctrica española Endesa.
Los jueces europeos deben decidir si, como argumenta el ejecutivo de la UE, varias de las condiciones para autorizar la opa de E.ON eran contrarias a la legislación comunitaria y si, con esas restricciones, el Gobierno se atribuyó competencias que no le corresponden.
A pesar de las dudas de Bruselas sobre su legalidad, E.ON aceptó las medidas establecidas por las autoridades españolas, aunque acabó retirándose de la puja por Endesa tras llegar a un acuerdo con Enel y Acciona.
La Comisión considera que, al fijar condiciones a la oferta de E.ON, las autoridades españolas violaron el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las operaciones de dimensión comunitaria.
Además, cree que varias de las medidas vulneran los principios de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales y algunas incluso el de libre circulación de bienes.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, exigió reiteradamente al Gobierno español que retirara las medidas controvertidas, pero Madrid se negó, aduciendo que con ellas sólo buscaba garantizar la seguridad energética nacional.
Las condiciones fueron fijadas en un primer momento por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, en respuesta a varios recursos de las empresas, el Ministerio de Industria las modificó parcialmente.
Entre las condiciones que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria figuran la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la Península; utilizar sólo carbón de producción nacional y no desviar gas producido en España a otros mercados, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
El Gobierno español insiste en que todas las condiciones respetan la normativa comunitaria y destaca que su única pretensión es garantizar el suministro energético, ámbito que, en su opinión, corresponde a las autoridades nacionales y no a las comunitarias.
El Tribunal de la UE tiene que decidir si el objetivo de garantizar la seguridad energética faculta a España para restringir la entrada en su mercado de operadores extranjeros.
En este caso, la corte con sede en Luxemburgo no ha celebrado vista pública y las partes se han limitado a exponer sus argumentos por escrito.
Éste será el primer pronunciamiento del Tribunal europeo en la disputa entre Bruselas y Madrid por los obstáculos a la entrada de E.ON.
La corte tiene todavía que fallar sobre otra denuncia de la Comisión por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador poner condiciones a la opa del grupo alemán sobre Endesa.
Según el ejecutivo de la UE el decreto-ley que Madrid aprobó de urgencia tras conocer las intenciones de E.ON de comprar Endesa supone una vulneración de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.
Bruselas ha iniciado, además, un nuevo procedimiento de infracción por las condiciones de Madrid a la opa de Enel y Acciona, muy similares a las impuestas a E.ON. EFECOM
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