El empresario Enrique Eskenazi a través de su conglomerado el Grupo Petersen, que cuenta con un 25,4% de YPF, acaba de confirmar al regulador bursátil estadounidense SEC que está estudiando la presentación de la declaración de default, así como las consecuencias de esas denuncias en virtud de los acuerdos de financiación y la documentación relacionada. Brufau reclamará a Argentina el lucro cesante por Vaca Muerta en el arbitraje.
Este anuncio se produce después de que Eskenazi no cumpliera con el pago de los 400 millones de euros que debía abonar en concepto de intereses y de capital por los préstamos que había recibido en 2008 y 2011 para poder comprar su paquete en YPF.
Los acreedores del Grupo Petersen son Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa, además de la propia Repsol que hizo las veces de financiador e incluso de avalista de uno de los créditos por 100 millones. No obstante, el grupo que preside Antonio Brufau recibía de momento los intereses ya que Eskenazi contaba con un periodo de carencia de 5 años y no debía pagar el principal hasta el próximo año.
El grupo Petersen venía negociando exhaustivamente durante los últimos días unas duras negociaciones con la banca, que ahora se podrían decidir a quedarse con sus acciones. En principio, las entidades buscarían negociar el 25% en bloque y no por tramos individuales.
Petersen Energía recibió en 2008 un préstamo de 1.018 millones de dólares por parte de un pool conformado por Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa para comprar 14,9%. Además, otros 1.015 millones de dólares fueron financiados por Repsol. En 2011, Petersen se hizo con el otro 10% de YPF con un préstamo de 670 millones de dólares aportado por un consorcio integrado por Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse, Santander y Citi.
Hasta el año pasado, Eskenazi venía usando los dividendos que recibía de YPF para pagar los préstamos. De hecho, el acuerdo firmado entre Repsol y la familia Eskenazi en 2008 contemplaba que todos los años la petrolera distribuiría al menos 90% de sus ganancias entre sus accionistas, una medida que fue exigida por el Gobierno argentino para hacer frente a la deuda.
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