YPF se muestra tranquila sobre cómo afrontar su deuda con entidades internacionales, entre ellas el Santander y BBVA. Estos bancos pueden solicitar el cobro acelerado de su deuda tras la nacionalización. Pero no ha sido así. La compañía en manos del Estado de Cristina Fernández de Kirchner ha explicado que no se le ha notificado formalmente la intención de ejecutar estas cláusulas recogidas en los contratos.
La petrolera hace esta aclaración en el folleto 20-F, remitido al supervisor del mercado estadounidense, la SEC, tras las afirmaciones que apuntaban a un acoso de la banca para ejecutar su deuda.
Además de los principales bancos españoles, YPF también tiene créditos con Corporación Andina de Fomento, Itaú y Citibank.
En concreto, el documento recoge que una parte significativa de su deuda contiene cláusulas que en caso de cambio de control o nacionalización cancelan la deuda y los bancos pueden solicitar el abono anticipado.
YPF cifra en 1.600 millones de dólares el pasivo que está sujeto a estas cláusulas. Cabe destacar que la petrolera tiene una deuda aproximada de unos 3.000 millones de dólares y el 60% de la misma vence este año.
Se busca la renuncia
Asimismo, la petrolera tampoco esconde que la nueva gestión del grupo está buscando activamente "renuncias formales de los acreedores financieros correspondientes".
YPF señala que podría tener problemas de liquidez en caso de que tuviera que hacer frente a una devolución inmediata.
Sin embargo, los nuevos administradores, con Miguel Galuccio a la cabeza, esperan que en tal caso se podría obtener financiación a través de distintos mecanismos, como líneas de crédito disponibles.
Por su parte, tras la retirada de licencias a YPF en las provincias petroleras, la nueva dirección trabaja ahora en revocar estas decisiones. Para ello, la compañía ha creado una Unidad de Operaciones de General con el fin de optimizar y agilizar la gestión diaria de la empresa y sus actividades.
Repsol inicia la batalla legal por YPF
