BUENOS AIRES (Reuters) - La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves por amplia mayoría el proyecto oficialista para expropiar la petrolera YPF al grupo español Repsol, que ya había recibido el visto bueno del Senado pese a las críticas y las represalias anunciadas por Madrid.
La norma para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la mayor petrolera del país, que fue respaldada por varios partidos de la oposición -además del oficialismo, que controla la Cámara Baja-, tuvo 207 votos a favor, 32 votos en contra y 6 abstenciones y fue recibida con vítores en la sede parlamentaria.
"A partir de hoy, en Argentina el petróleo deja de ser un commodity (materia prima) para YPF (YPFD.ARG) El petróleo pasa a ser el insumo básico para el crecimiento y el desarrollo económico del país", dijo Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista de diputados, en su discurso en la Cámara Baja.
La presidenta Cristina Fernández anunció el plan para que el Estado expropie YPF a mediados de abril, acusando a Repsol de no invertir lo suficiente para aumentar su producción de hidrocarburos en el país, que desde hace años sufre problemas de abastecimiento de energía.
"Nuestra principal empresa petrolera jugaba en el mercado financiero e invertía poco en la Argentina. YPF financió el crecimiento de Repsol en todo el mundo. Repsol (...) muchas veces nos desabastecía. Esto fue lo que nosotros venimos a cortar", destacó Rossi entre los aplausos de simpatizantes que seguían el debate en el Parlamento.
La acusación fue rechazada de forma reiterada por Repsol, en una defensa que, sin embargo, no logró el apoyo de los argentinos, que en su mayoría respaldan la nacionalización de YPF, privatizada en la década de 1990.
La expropiación, que fue celebrada por una multitud - en gran parte de militantes oficialistas - que se movilizó a la puerta del Congreso, ya había sido aprobada por una abrumadora cantidad de votos en el Senado, donde el Gobierno de Fernández también cuenta con mayoría.
"Apoyamos este proyecto porque es nuestra ideología. Esperamos que el Frente para la Victoria (el oficialismo) haga las cosas bien y no sea simplemente un relato", señaló el diputado Ulises Forte, de la opositora Unión Cívica Radical.
Las conjeturas sobre una posible nacionalización de YPF habían aumentado en meses recientes después de que Fernández culpara a la empresa por la necesidad de aumentar las importaciones de energía, que están reduciendo el superávit comercial del país. Las compras de combustibles se duplicaron el año pasado.
Después de que Fernández anunciara el proyecto de ley, España anunció represalias comerciales y restringió las millonarias importaciones de biodiésel argentino.
En medio de la polémica bilateral, analistas de Wall Street han advertido que el país sudamericano está ahuyentando las inversiones que necesita para mantener su crecimiento y está avanzando hacia un mayor aislamiento económico.
Para entrar en vigor, la ley debe ahora ser promulgada por el Poder Ejecutivo, algo que se da por descontado que sucederá en las próximas horas.
REPUTACION EMPAÑADA
Muchos críticos de Fernández están de acuerdo en que YPF debe estar en manos estatales, pero algunos dicen que su estilo de confrontación puede dañar aún más en los mercados externos la ya deslucida reputación del país.
Argentina se encuentra fuera de los mercados financieros mundiales desde hace una década, cuando protagonizó una histórica suspensión de pagos de su deuda soberana en medio de una grave crisis socioeconómica.
"Me parece que es una buena acción para el país, porque si el Gobierno no controla los recursos estratégicos como el petróleo pierde poder; pero la metodología en la expropiación fue demasiado violenta, autoritaria, sin negociar", dijo Leonardo Rodríguez, un analista financiero de 32 años, mientras bebía un café en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.
"La forma en que la manejó puede generar represalias serias. ¿Quién quiere invertir en un país donde el Gobierno puede expropiar los bienes privados de un día al otro?", agregó.
Pero la decisión oficial cuenta con un amplio respaldo en la sociedad argentina: un sondeo publicado el mes pasado por la encuestadora Poliarquía mostró que un 62 por ciento de los entrevistados estaba de acuerdo con la expropiación y sólo un 23 por ciento en contra.
Ahora que la nacionalización de YPF es ley, la atención estará puesta en la compensación que Argentina pagará a Repsol. Algunas autoridades de la nación austral han dicho que será muy inferir a los más de 9.000 millones de dólares (casi 7.000 millones de euros) que pide la empresa española.
Los analistas también estarán atentos a los planes para YPF, que ya opera bajo el mando de interventores del Gobierno y prometió elevar rápidamente su producción.
Fernández, que el año pasado fue reelegida para gobernar por otros cuatro años, prometió profundizar las políticas intervencionistas que comenzaron durante el Gobierno de su predecesor y fallecido esposo Néstor Kirchner.
/Por Nicolás Misculin/
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