Desconsolidación inmobiliaria. Ése es el nombre que adoptaría el modelo de banco malo alemán que ahora el Gobierno analiza para, en su caso, implantarlo una vez perfilado el nuevo mapa de integraciones en el sector bancario. El FMI pide que el fondo de la UE pueda rescatar a los bancos y no al país entero.
El instrumento es similar al que ya se barajó inmediatamente antes de poner en marcha la reforma financiera de Luis de Guindos y que, finalmente, fue descartado. Sin embargo, esta enésima reforma no es definitiva y ni siquiera capaz de despejar susceptibilidades del mercado acerca del estado de salud de la banca española.
El modelo sería similar al implantado en Alemania, que recibió en su día todos los parabienes de la Comisión Europea, y se reservaría exclusivamente para los activos de suelo en poder de las entidades. Éstas constituirían, cada una de ellas, un vehículo donde agruparían sus solares y, a cambio, una vez liberados sus balances de activos tóxicos, recibirían liquidez. Estos activos son los más problemáticos, ya que, al contrario que los inmuebles, no se encuentra precio al que establecer una venta.
El paso definitivo
Varios bancos de inversión han mantenido ya diversas reuniones con el Banco de España, la última el pasado lunes, para explicar el modelo y su adaptación al caso español. Según fuentes de una de las entidades participantes en estos encuentros, su constitución sería el paso definitivo que no acaba de dar España para sanear su sistema.
El director de regulación del organismo supervisor, José María Roldán, anunció ayer en la City que se están estudiando distintos modelos para acotar los activos tóxicos del sector. Aunque no defendió la fórmula del banco malo, sí dejó claro a un grupo de analistas que hay un debate abierto para poner en marcha medidas adicionales para acelerar la limpieza de los balances.
Oposición de Hacienda
La creación del banco malo, además, cuenta también con la opinión favorable de Rajoy, aunque Hacienda no apoya la medida. En todo caso, de aprobar ahora la solución que fue rechazada hace varios meses, se llevaría a cabo una vez adjudicadas las entidades nacionalizadas y tras haberse dado a conocer las fusiones que se esperan que se anuncien antes de fin de mayo. Este calendario haría muy difícil que se materializara antes de otoño.
El motivo de esperar a que el proceso de consolidación esté más avanzado no es otro que evitar que las entidades frenen su ritmo de saneamiento al tener una solución menos traumática a su alcance.
Las razones de contemplar de nuevo el banco malo es que la reforma financiera no ha acotado el problema de los activos menos líquidos, pone a las entidades al borde de las pérdidas, evidencia que no hay dinero, ni público ni del FGD, para sufragar más rescates y, sobre todo, que hunde más el crédito en el país de la UE que registra mayor contracción de préstamos.
El banco malo, por el contrario, limita de una vez por todas los activos tóxicos y sería un estímulo eficaz para reactivar los créditos. Además, contaría con el visto bueno de la UE y su constitución y funcionamiento no genera déficit público.
Así es el modelo
Según este modelo, el banco transfiere sus activos inmobiliarios ilíquidos a un vehículo público a cambio de bonos a 20 años que se apuntan a su balance. Es decir, que cambian activo tóxico por un instrumento financiero saneado. Mientras tanto, el Estado garantiza esos bonos a 20 años, lo que le permite al banco usarlos como colateral en el BCE y lograr liquidez a cambio.
Uno de los puntos claves de este modelo, como en el resto de bancos malos, es el de la valoración de los activos tóxicos. Si se siguiera al pie de la letra el modelo alemán, el banco los vendería según su valor en libros menos las provisiones realizadas, y sobre ese valor neto en balance se aplicaría un descuento que podría rondar el 10 ó el 15%. La entidad, a cambio de la ayuda pública, debería, en primer lugar, pagar cada año un porcentaje, que podría rondar, al menos, el 7% del valor de los bonos por la garantía prestada por el Estado.
Además, también se comprometería, durante un periodo de tiempo establecido, que coincidiría con la vida de los bonos, a asumir las pérdidas que se produjeran por la venta de los activos, que no pagaría de una sola vez, sino que periodificaría, de tal manera que sólo pagara, por ejemplo, una vigésima parte cada año. Además, se obligaría a la entidad a destinar parte de la liquidez obtenida en la operación a la concesión de nuevos créditos, de tal forma que limite los recursos que puede dedicar a hacer carry trade con la compra de deuda pública.
Los activos más líquidos, los inmuebles acabados, que contarán con provisiones adicionales por la reforma, permanecerían en los balances de los bancos españoles.
Al realizarse esta operativa, las entidades financieras eliminarían riesgos de su balance, liberarían capital, obtendrían liquidez y con ella, además de poder destinar parte a la concesión de créditos, podrían reconstruir las provisiones genéricas, lo que supondría una defensa para una eventual subida de la morosidad, que el sector pronostica durante todo este año.
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