Tras la decisión de Argentina de expropiar su filial YPF, Repsol ha desplegado toda su artillería con los despachos de abogados contratados en España, Buenos Aires, Estados Unidos y Luxemburgo, con el fin de pedir indemnizaciones a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por la nacionalización decretada ayer. Brufau ofrecerá una rueda de prensa a las 9:30 horas de hoy.
La petrolera cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y presentará un recurso ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), con sede en Washington y dependiente del Banco Mundial. Pero este proceso se puede demorar años hasta su resolución, al igual que está ocurriendo con Aerolíneas Argentinas.
En un hecho remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía que preside Antonio Brufau cree que Argentina ha adoptado una medida "injusta y discriminatoria".
En medio de esta ofensiva, el consejo de administración de la petrolera se reunirá hoy, donde La Caixa, con un 12%, Pemex, que cuenta con un 9,5%, y Sacyr, con un 10%, aprobarán las medidas que adoptará la compañía para defender sus intereses. Al mismo tiempo, el grupo ha recurrido toda la retirada de licencias en un total de siete provincias petroleras del país.
El Gobierno de Mariano Rajoy se reunió ayer de urgencia para adoptar represalias, aunque ya advirtió de que tomarían medidas diplomáticas y comerciales que podría activar en el caso de consumarse el ataque, como consultas con representantes del país e incluso presentar sendas denuncias ante el G- 20, organización a la que pertenece Argentina y que vigila la libertad comercial o la Organización Mundial del Comercio.
Las denuncias se centrarán en tres puntos: la vulneración de acuerdos internacionales, la valoración de la compañía y las indemnizaciones por haber retirado a Repsol el control de su filial, así como por la retirada de licencias en el último mes.
El problema: la valoración
Repsol se enfrenta ahora a la inminente valoración que hará el Estado argentino de ese 51%. A precios de mercado, este porcentaje tiene un valor de unos 3.500 millones, tras la hecatombe sufrida en bolsa como consecuencia de las amenazas de nacionalización, que ayer se saldó con una caída adicional del 20%.
Además, la necesidad de fijar una valoración a la petrolera es lo que está provocando una alta volatilidad en la bolsa de Buenos Aires. Tanto es así que el regulador bursátil de Estados Unidos ha requerido en diversas ocasiones información a la petrolera por estos altibajos.
La compañía cifraba el cien por cien de la filial en unos 15.000 millones de dólares en pleno proceso de desinversión desde el 80 por ciento hasta el 57 por ciento que posee en la actualidad. Además, Repsol ve muy negativo que la cantidad a pagar por el Gobierno argentino sea decidida por el Tribunal de Tasaciones del país y no por un organismo internacional e independiente.
Disputa por Vaca Muerta
La disputa de fondo se centra en el control del yacimiento Vaca Muerta, el mayor descubrimiento de crudo de la historia. Kirchner ha visto en estos recursos la solución para el déficit energético del pasado año, que dañó gravemente su economía.
Pero este proyecto requerirá de unas fortísimas inversiones. Por ello, Kirchner hizo un llamamiento a compañías extranjeras y nacionales con el fin de conseguir recursos para la explotación de este yacimiento.
Sin embargo, la credibilidad y la seguridad jurídica del país se han quebrado con la nacionalización de YPF y las compañías son reticentes ahora a dedicar más fondos al país. Además, Argentina ha lanzado otro órdago a España con su amenaza de ir contra otras empresas.
Entidades
Repsol se quedará con el 6% de YPF
