El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ya tiene sobre la mesa la primera factura del Sabadell por el agujero de la CAM. La entidad catalana ha cuantificado en 715 millones el importe que le tiene que restituir la hucha del sector en el marco del Esquema de Protección de Activos (EPA) concedido por el Banco de España para cubrir pérdidas en los próximos diez años.
Según el acuerdo alcanzado, el Sabadell tiene que dar cuenta del impacto de los números rojos de la alicantina de manera periódica para que el FGD le reembolse el dinero. El esquema de protección cubre el 80% de las pérdidas que surjan en una cartera problemática que supera los 24.000 millones. Por tanto, el fondo de garantía puede llegar a asumir un quebranto de 19.728 millones hasta 2022.
Los 715 millones detectados -que son 501 millones después de impuestos- corresponden al saneamiento llevado a cabo entre agosto y diciembre del ejercicio pasado. El protocolo de la adjudicación cuenta con un impacto retroactivo ante el deterioro del balance de la CAM tras su intervención a mediados del pasado verano. A finales de 2011, la entidad registró en su cuenta de resultados unas pérdidas de 2.700 millones.
Cierre de la operación
El pago de la factura se realizará, previsiblemente, este mes, una vez que el Sabadell materialice la operación de absorción de todos los activos de la antigua caja alicantina. Está previsto que en las próximas semanas la operación reciba el visto bueno de Bruselas.
En las últimas semanas el sector y el Gobierno están en una batalla dialéctica sobre quién debe costear el saneamiento puesto en marcha con la reforma financiera aprobada el pasado febrero. Las entidades sostienen que no pueden ni tienen por qué destinar sus ingresos para arreglar los problemas de la mala gestión de otros. Y consideran que para eso se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), financiado por las arcas públicas.
Si el Ejecutivo les obliga a seguir pagando el proceso de reestructuración, tendrán que aportar nuevos fondos al FGD. Éste apenas cuenta con recursos para una eventual subasta del Banco de Valencia, después de las operaciones de Unnim y la CAM, además de los compromisos asumidos en el plan de CCM.
El esquema de protección no es el único respaldo que consiguió el grupo que preside Josep Oliu para hacerse con la CAM. Logró mantener la inyección de 5.249 millones que había realizado el Estado para recapitalizar la caja. Estos recursos han sido asumidos finalmente también por el fondo de garantía de depósitos del sector, con el objetivo de que las cuentas públicas no incurran en un mayor déficit.
La inyección sirve para elevar la solvencia de la CAM, que tras las pérdidas y provisiones afrontadas tras su nacionalización se había situado por debajo de el mínimo establecido por la regulación. En abril también se espera que Cajastur perciba una cuantía del FGD ligeramente superior a los 500 millones por el esquema de protección para asumir el agujero de la antigua CCM.
El BdE despide a cinco directivos de CAM
