MADRID (Reuters) - Los dos mayores sindicatos españoles por afiliación han propuesto el martes al Gobierno que el próximo 29 de marzo, día en el que han convocado a una huelga general, se brinden unos servicios mínimos de hasta el 30 por ciento en trenes de cercanías y del 40 por ciento en vuelos transcontinentales.
Según fuentes sindicales, el Ejecutivo del Partido Popular debería responder a esta propuesta - idéntica a la de la huelga general de septiembre de 2010, cuando gobernaba el PSOE - durante esta semana.
Una portavoz del Ministerio de Fomento - cartera responsable de autorizar los servicios mínimos el día de la huelga - no ha dicho cuándo responderá a la propuesta.
En concreto, los sindicatos han propuesto unos servicios mínimos del 10 por ciento en vuelos en la península, del 20 por ciento entre España y las principales capitales europeas, del 40 por ciento en el resto de trayectos internacionales, y del 50 por ciento en vuelos que enlazan la península con las islas, Canarias y Baleares.
En cuanto al transporte ferroviario, las organizaciones sindicales han propuesto un mínimo del 25 por ciento en trenes de Cercanías que se elevaría al 30 por ciento en horas punta, así como un 20 por ciento en viajes de alta velocidad y larga distancia.
Para el transporte de viajeros por autobús, los sindicatos proponen garantizar entre una y tres conexiones de ida y vuelta entre distintas ciudades en función del número total de circulaciones habituales, mientras que para el transporte marítimo ofrecen un servicio de ida y vuelta Península-Baleares, Península-Canarias y Málaga-Melilla y dos servicios de ida y vuelta entre Algeciras y Ceuta.
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores convocaron a la primera huelga general contra el Gobierno actual cuatro meses después de que el Ejecutivo del Partido Popular tomara posesión, con la intención de que el nuevo Gobierno - que posee mayoría absoluta en el Parlamento - dé marcha atrás a una reforma laboral que abarata el despido y permite una rebaja unilateral de los salarios.
Pese a las presiones desde los sindicatos y la oposición, y tras dos jornadas de manifestaciones en las calles, el Gobierno insiste en que la ley no va a experimentar cambios sustanciales en su tramitación parlamentaria.
