El Gobierno quiere que la banca contribuya cuanto antes a la reactivación de la economía con el reestablecimiento del flujo del crédito a empresas y familias. Con este propósito el ministro de Economía, Luis de Guindos, está presionando a las entidades para que reduzcan el dividendo e, incluso, que lo supriman. Según fuentes del sector, ha trasladado este mensaje en las últimas semanas.
La idea no ha tenido una buena acogida, ya que los grupos financieros consideran que sería perjudicial por las malas consecuencias que acarrearía en los mercados. Habría una bajada en bolsa y una huida de los inversores, lo que debilitaría la confianza y la imagen no sólo del sistema, sino del país en su conjunto. Además consideran que no tendría un impacto en el flujo del crédito porque, a su juicio, no hay demanda solvente y hay recesión económica, dos aspectos sustanciales para la concesión de financiación.
Economía, de momento, presiona y no quiere establecer una medida como ésta por decreto. Únicamente las entidades que han recibido ayudas públicas tienen limitaciones en este sentido.
El reglamento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) estipula que para poder acogerse al régimen de ayudas los bancos "deben comprometerse a no repartir dividendos por encima del 30 por ciento del beneficio o en el caso de las cajas de ahorros no acordar dotaciones a la obra social que excedan dicho porcentaje salvo en lo que sea necesario para cumplir con los compromisos adquiridos u obligaciones contraídas".
La normativa es más restrictiva en el caso de las entidades en las que las ayudas superan el 2 por ciento de sus activos y contempla la supresión de los dividendos o aportaciones a la obra social. Este apartado afecta a CatalunyaCaixa y Novagalicia, ambas nacionalizadas.
Reparto del 50% del beneficio
Por lo general, los bancos que cotizan en bolsa distribuyen entre sus accionistas el 50 por ciento de sus beneficios, bien en metálico, bien a través de títulos. En los últimos meses, las entidades han normalizado el reparto de acciones como manera de remunerar a sus socios. Este sistema permite aumentar el nivel de capital y tiene ventajas fiscales para los accionistas.
Banca Cívica, por ejemplo, se tuvo que ajustar a los criterios impuestos en la regulación de ayudas en su salida a bolsa el pasado verano. Tuvo que limitar al 30 por ciento de sus beneficios el dividendo a repartir. Bankia todavía no ha anunciado el pay out, pero tendrá que ser igual o inferior a esa cifra.
El Ministerio, con sus pretensiones, ha recogido las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) de la etapa del anterior presidente, Jean Claude Trichet. Durante meses, el organismo comunitario estuvo apremiando a los grupos financieros "hacer todo lo que sea necesario" para reforzar sus balances, como no distribuir beneficios o asegurar la moderación en las retribuciones. De esta manera, las entidades estarían fortalecidas para poder dar créditos cuanto antes y contribuir a la recuperación de la economía del Viejo Continente.
Las prioridades del BCE han cambiado con la llegada de Mario Draghi a la presidencia. Ahora ya no hace hincapié en estas medidas, sino que pone el acento en la necesidad de reactivar el flujo del crédito ya e insta a los supervisores nacionales a vigilar que la aplicación de los planes de recapitalización de las entidades "no tenga consecuencias negativas para la financiación de la actividad económica". "Es esencial", sostiene en sus informes mensuales el BCE.
El mal ejemplo de España
La necesidad de que fluyan los préstamos es lo que ha llevado al organismo comunitario a variar su política y a conceder recursos de liquidez a la banca de manera ilimitada en dos ocasiones a través de las subastas especiales de diciembre y febrero, en las que el sector ha captado casi un billón de euros a un tipo de interés del 1 por ciento a tres años. Draghi indicó hace un mes que el crédito continúa bloqueado en Europa y puso como ejemplo a España, el país donde más está bajando la financiación.
La reforma financiera, que obliga a las entidades españolas a realizar más provisiones por los inmuebles, va en la dirección opuesta a las recomendaciones del BCE. El sector considera que el endurecimiento de las dotaciones para limpiar los balances es un obstáculo más para que concedan préstamos. En España, los créditos nuevos cayeron en 2011 entre un 16 y un 46 por ciento, en función de su destino. El segmento que más descendió fue el hipotecario.
La banca ha modificado sus criterios para determinar la solvencia de los clientes. Las previsiones indican que hasta que no hay una recuperación de la economía no aumentará la concesión.
La gran banca echa el freno al crédito
