Iberia no aguanta más. La nueva convocatoria de 24 jornadas de huelga para los meses de marzo, abril y mayo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la dirección de la compañía, que presentó ayer una demanda contra el sindicato de pilotos Sepla para que se declare ilegal esta huelga.
La compañía llevaba valorando esta opción casi dos meses, pero esta última convocatoria, que llega a incluir nueve jornadas de paros al mes durante abril y mayo, toca de lleno en la línea de flotación de la rentabilidad de la aerolínea. Lo que era una huelga intermitente hasta el momento se ha convertido para la empresa en un conflicto abusivo.
Esto es lo que la dirección de la aerolínea va a intentar demostrar al juez: que los continuos paros están causando un desproporcionado impacto económico y que el daño económico a la operativa diaria es exagerado. Según señalan fuentes jurídicas a elEconomista, ambas condiciones podrían llevar a un tribunal a considerar la huelga ilegal, un hecho muy poco frecuente (ya que es un derecho que se recoge en la Constitución) pero que sí se localiza en contadas ocasiones en la jurisprudencia.
108 millones de agujero
En las doce jornadas de paros que ya se han celebrado en diciembre, enero y febrero, Iberia calcula que el agujero económico provocado ha sido de 36 millones de euros (3 millones por día de paros). Esta cifra podría dispararse hasta los 108 millones de euros si se cumplen los 24 nuevos días de movilizaciones, un dato bastante conservador si se tiene en cuenta que desde finales de marzo comienza la temporada de verano y cada jornada de huelga afectará aún más a sus cuentas.
Para la compañía dirigida por Rafael Sánchez-Lozano la demanda -que también se ha presentado contra el sindicato Stavla, que representa a menos de la tercera parte de los tripulantes de cabina (conocidos popularmente como azafatas)- alega dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que los paros tratan de obstruir una decisión tomada por Iberia en el ejercicio de su legítima libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución: crear la nueva aerolínea de bajo coste Iberia Express el próximo 25 de marzo. La segunda razón está relacionada con algunas de las fechas que se han elegido para los paros, ya que coinciden con un efecto devastador con días clave de Semana Santa y Puentes de San José y de mayo.
La decisión es arriesgada para Iberia, ya que no es la primera vez que un Juzgado le echa para atrás su demanda. Ya en 1990, el Tribunal Constitucional rechazó una petición parecida de la aerolínea con sede en Barajas. La intención del equipo jurídico es presentar primero la demanda de conciliación ante la Dirección General de Trabajo. Si no hay acuerdo, irán a la Audiencia Nacional.
Pero también es cierto que en esta ocasión la situación es límite, porque los números rojos de Iberia en 2011 -cuando sólo hubo dos jornadas de huelga y la compañía registró unas pérdidas operativas de 61 millones de euros- se podrían disparar aún más en 2012.
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Iberia y Sepla no acuerdan servicios mínimos
