El CSN no ve impedimento para modificar el cierre de Garoña

MADRID (Reuters) - El nuevo Gobierno español puede modificar la orden ministerial firmada por sus predecesores socialistas que estableció el cierre de la central nuclear más antigua de España en 2013, dijo el viernes el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En línea con el ya conocido compromiso de los 'populares' de mantener abierta Santa María de Garoña, el Ministerio de Industria solicitó el pasado 5 de enero elaborar un informe sobre la seguridad de esta central de 40 años situada cerca de Burgos.

"En el dictamen remitido hoy (a Industria), el Consejo concluye que no existe ningún impedimento, bajo el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, para que se lleve a cabo la modificación de la Orden Ministerial de 3 de julio de 2009", dijo el CSN en un comunicado.

El regulador nuclear añadió que los operadores de Garoña tendrían que presentar una solicitud para prorrogar el actual permiso operativo en seis años, alargando la vida útil de la planta hasta 2019.

En 2009, el CSN dijo que era seguro que Garoña estuviese operativa durante diez años más, pero el Gobierno anterior pidió cerrarla en un plazo de cuatro años en línea con su promesa electoral de 2008 de ir gradualmente reduciendo la generación nuclear en favor del floreciente sector de energía renovable.

Según la normativa española, los dictámenes del regulador nuclear sólo son vinculantes para el gobierno cuando recomiendan el cierre de una central por motivos de seguridad.

Grupos ecologistas se han quejado de que España no ha seguido los pasos de Alemania, que cerró siete centrales nucleares menos viejas que Garoña después del desastre de Fukushima y piensa cerrar el resto en el plazo de una década.

Garoña genera menos del uno por ciento de la electricidad en España, pero sus propietarios, las grandes eléctricas Iberdrola y Endesa, se han opuesto fieramente a su cierre.

A pesar de sus diferencias respecto a Garoña, los dos principales partidos políticos están de acuerdo en que los otros siete reactores nucleares españoles se mantengan operativos hasta al menos 2020 porque juntos suponen el 20 por ciento de las necesidades de electricidad del país.

Sin embargo, ninguno de los dos partidos se ha comprometido a construir nuevas centrales nucleares.