Ángel del Cabo, el empresario experto en liquidar empresas, que se quedó con el negocio de Marsans y Nueva Rumasa, tendrá que enfrentarse a la justicia. El juez Pablo Ruz, que está instruyendo el caso por la presunta estafa en la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, asegura que cuando adquirió el grupo a través de la sociedad Back in Business, lo que en realidad estaba haciendo era intentar obtener el máximo beneficio por la liquidación de las compañías.
En un auto dictado el pasado día 15 asegura que para conseguirlo usó procedimientos "legales o ilegales". Dentro de estos últimos se encontarían "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", elaborando incluso pagarés falsos, imitando firmas originales previamente facilitadas y utilizando los ordenadores e impresoras del Grupo Nueva Rumasa.
El juez Ruz considera la declaración de Del Cabo de vital importancia porque, en su opinión, "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo. La fiscalía anticorrupción tiene sospechas fundadas, a raíz de la documentación incautada y de la declaración de los testigos, que Ruiz-Mateos podría haberse llevado entre 400 y 600 millones de euros a cuentas en Ginebra. El juez considera que la familia desvió en total 673 millones de euros para mantener su "alto nivel de vida" y pagar las hipotecas de sus casas.
Aunque encontrar el dinero no será una tarea fácil, "se ha detectado numerosa documentación relacionada con países extranjeros, fundamentalmente con Belice, aunque también con Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Andorra y Chile", de acuerdo con el auto.
Ruiz-Mateos pagaba casas gracias a los inversores
