Quito, 23 feb (EFECOM).- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy que se iniciarán juicios contra los ecuatorianos que avalaron la adquisición de ciertos tramos de la deuda externa pese a que en su proceso supuestamente había errores que perjudicaban al país.
El jefe de Estado dijo en su programa semanal de radio que la comisión nacional e internacional que estudia el proceso de adquisición de la deuda externa ecuatoriana le entregó esta semana un informe del avance de sus estudios, en los que encontró datos que dan cuenta de un "atraco" en varios casos.
"Los resultados son escandalosos. Es increíble lo que se ha hecho con la deuda externa", puntualizó el gobernante, un economista de 44 años, que antes de ser presidente fue ministro de Economía durante 106 días en el Gobierno de Alfredo Palacio, al que sucedió en el cargo.
Correa reiteró que su Gobierno no pagará lo que considere "deuda ilegitima" y anunció "hacerles juicio a esos malos ecuatorianos que se prestaron a estas sinverguencerías, que firmaron cosas increíbles como, por ejemplo, renunciar a cualquier reclamo posterior así haya habido errores en el convenio que se firmaba".
Asimismo y, sin dar nombres, Correa se refirió a "procuradores que firmaron lo que les mandaron los representantes de los acreedores (...) eso es delito", subrayó.
"Les pondremos juicio a estos malos ecuatorianos, cómplices de los acreedores internacionales", reiteró Correa.
Por otra parte, el jefe de Estado pidió a la Asamblea Constituyente -que desde noviembre pasado redacta una nueva Carta Magna y que legisla en reemplazo del Parlamento al que reemplazó desde ese mismo mes- que impida el pago de millonarias indemnizaciones en la empresa estatal de petróleo, Petroecuador.
Tras identificar a varios empleados de Petroecuador que han presentado su renuncia voluntaria, Correa denunció que éstos pretenden millonarias indemnizaciones, algunas de las cuales superan los 300.000 dólares, por haber trabajado varios años en esa institución estatal.
El presiente se mostró indignado ante esa situación protagonizada por lo que llamó "burocracia dorada", que significaría al Estado un desembolso de 32 millones de dólares, y anotó que las renuncias las presentaron antes de la entrada en vigor de un mandato de la Asamblea que fijó los límites para el pago de indemnizaciones.
"No hay derecho. Señores de la Asamblea, les pido en nombre de todo el pueblo ecuatoriano honesto: paren este abuso", señaló Correa al asegurar que algunos de los que renunciaron a Petroecuador pretenden indemnizaciones por cerca de medio millón de dólares.
Advirtió al Directorio de Petroecuador que no puede aceptar las renuncias voluntarias presentadas por esos funcionarios de la empresa estatal.
Correa aclaró que está a favor de la clase trabajadora, "pero no de los abusos", protagonizados por ciertos sindicatos.
Petroecuador, que es una de las empresas estatales más importantes del país, podría ser convertida en una unidad ejecutora, advirtió Correa al anticipar que de esa manera se lograrán mayores controles.
El petróleo es el principal producto de exportación de este país andino que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 35 por ciento del Presupuesto General del Estado. EFECOM
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