La reforma financiera que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno ha creado un gran malestar en la mayor parte de la banca. Más allá del fondo se queja de las formas. Distintas entidades muestran en privado su disgusto con el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos por la manera en que ha llevado a cabo el proceso. La reforma financiera se presentará hoy a las 17:30 horas.
Su enfado principal es la exclusión de todo tipo de negociación o consulta previa. Habitualmente, el Ejecutivo tiene en cuenta la opinión de todo el sector. Así ocurrió con la tranformación del reglamento de las cajas para su conversión en bancos o en los distintas normativas para solicitar las ayudas públicas con el anterior Gobierno.
Y no sólo eso, la mayor parte del sector ha conocido los detalles y las intenciones por la prensa. El Ministerio apenas ha conversado, tanto en reuniones como de manera telefónica, con un número restringido de banqueros, los más importantes, para comprobar la opinión de las entidades. Entre ellos se encuentran los presidentes del Santander, BBVA, La Caixa y Bankia.
Fuentes de distintas entidades sostienen que "habría sido bueno que se les hubiera consultado, aunque el objetivo fuera no hacerles caso". No entienden cómo una reforma tan importante para el sector y para el conjunto de la economía española no ha contado con la opinión generalizada de la banca.
Rescate del FROB 1
En cuanto al fondo, las quejas van por barrios. En función de sus intereses. La hoja de ruta, ya adelantada por este periódico la semana pasada en su gran medida, establece la concesión de ayudas públicas, a pesar de las instintentes declaraciones tanto del ministro como del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en contra.
El Gobierno incentivará la oleada de fusiones con recursos del Estado. Fuentes conocedoras del proyecto que maneja Economía, estas ayudas se cursarán a través del conocido como FROB 1, es decir, que serán en forma de instrumentos de deuda que computen como capital a cambio de un interés del 8%.
Estos recursos servirán para aligerar las cargas del endurecimiento de las provisiones por la exposición de las entidades al ladrillo, tanto por la cartera de créditos como por los inmuebles adjudicados. Las entidades que se fusionen podrán cargar contra el capital las mayores dotaciones en dos años.
El Gobierno ha descartado el FROB 2, sistema ahora vigente, porque implicaría un aumento del déficit al entrar directamente en el capital de las entidades. Con el FROB 1, el Estado tendrá que endeudarse, pero según fuentes financieras, el coste de este endeudamiento será cubierto con el cobro de los intereses por las ayudas. En la actualidad, la hucha de este instrumento sólo dispone de unos 8.000 millones.
El problema de los intereses
No obstante, este método podría ser pejudicial, según los expertos, ya que podría colocar a algunas entidades en una situación límite de viabilidad. Con las bajada del negocio, algunas podrían no soportar las cargas de estos intereses, que serán del 8%, y podrían elevar el agujero del Estado.
De hecho, Unnim ya tuvo que ser nacionalizada en su totalidad no sólo por la falta de capital, sino también porque no podía pagar las ayudas percibidas del Frob 1 ante la caída de los márgenes y el aumento de la morosidad.
Para las entidades que decidan seguir en solitario, las provisiones las podrán cargar también contra reservas, pero en plazo inferior. En principio, de medio año y con limitaciones. Dos tercios los tendrán que anotar en la cuenta de resultados. El tercio restante, podrá ir contra el capital.
Aún se desconoce si finalmente los bancos o cajas que decidan no fusionarse podrán contar con ayudas. En el sector se da por hecho que sí. El Frob 1 permitía tal posibilidad, aunque también podría mantenerse el Frob 2 -vía capital- para estos supuestos. Así se evitarían las intervenciones y sólo se utilizarían las nacionalizaciones parciales.
De hecho, uno de los grupos que podrían tener mayores dificultades para afrontar el saneamiento es Bankia, cuyo encaje con otra entidad es complicado por su tamaño.
El conjunto del sistema tendrá que hacer frente a unos 50.000 millones de euros para limpiar sus activos problemáticos por importe de más de 300.000 millones.
Las provisiones
El Gobierno incluirá en la obligación de las provisiones los créditos inmobiliarios al corriente de pago, que ascienden a más de 130.000 millones. Está previsto que las entidades tendrán que guardar en un colchón un 7% de esta cartera, con el objetivo de adelantar deterioros futuros. El Ejecutivo también endurecerá las provisiones para los préstamos al promotor que presentan riesgos de impago -aquellos conocidos como subestándar-. Ahora, las entidades los cubren en un 10%. La cobertura subirá a entre el 15 y el 20%.
En cuanto a los pisos y el suelo, el decreto que prepara Economía rebaja las primeras expectativas. Se estima que las dotaciones que se requerirán a partir de ahora será de un 35-40%, frente al 25% actual. Por su parte, la cobertura para el suelo rondará entre el 60 y el 80%.
La banca recibirá dinero del FROB
