Empresas y finanzas

La banca tendrá que provisionar un 65% del suelo y un 35% de los inmuebles

El Gobierno tiene previsto aprobar la reforma financiera este mismo viernes, de esta forma, quiere presentar ante sus socios europeos en la próxima Cumbre del día 29, una reforma contundente, que no deje margen para dudar de los ajustes que está dispuesto a llevar a cabo y que sea bien recibida por los mercados. Los bancos españoles sólo cuestan en bolsa el 60% del valor contable.

Sin embargo, la dureza inicial ha sido rebajada en los últimos días y el plan que ahora mismo está sobre la mesa abre vías de supervivencia a todas las entidades.

Las provisiones que se exigirán, según los cálculos de Economía, no supondrán más de los 50.000 millones anunciados por el titular del Ministerio, Luis de Guindos, hace un par de semanas. Para ello, exigirá que las dotaciones actuales en la cartera de suelo se eleven hasta el 65%. Para la vivienda terminada se pedirá un 35% y entre un 35 y un 40% para las promociones que estén en construcción.

Contra beneficios y reservas

Para cubrir estas nuevas exigencias, la banca española puede plantearse o bien hacerlo por sus propios medios o bien iniciar un proceso de integración.

Si decide hacerlo en solitario, contará con un plazo de seis meses para llevarlo a cabo, que deberá cargarlo contra beneficios. En caso de que éstos no sean suficientes, se permitirá a las entidades que carguen parte del coste contra reservas. La vía para hacerlo sería emitir títulos en el mercado que sean susceptibles de transformarse en capital.

Si el banco no tuviera medios suficientes para cubrir todas las provisiones, aún contaría con el recurso del Frob, que acoge ahora al refundido fondo de garantía de depósitos. Así, el Frob podría emitir títulos (actualmente tiene sus arcas prácticamente vacías) y tomar una parte del capital de la entidad.

De ese modo, se forzaría a la entidad a hacer el máximo esfuerzo y el resto de entidades, a través de su participación en el FROB, contribuirían a su rescate.

En segundo lugar, la entidad puede decidir realizar un proceso de integración con otra, operación que está incentivada en la reforma.

El cargo de las provisiones se hará, en ese caso, contra reservas, y se dará un plazo de dos años para completar el saneamiento.

Esta reforma, según señalan fuentes financieras, está diseñada para que ninguna entidad se vea abocada a la quiebra, como habría ocurrido si se hubieran mantenido las intenciones iniciales de Economía de negar cualquier tipo de ayuda exterior al sector.

En el esquema, Bankia, que por su tamaño era la entidad que podría haber encajado peor la inexistencia de un banco malo, no tendría por qué pasar demasiados apuros para salvar las nuevas exigencias. Aunque el grupo que preside Rodrigo Rato atesora en su balance la mayor exposición al riesgo inmobiliario del sector, tiene también recursos financieros suficientes para salvar las mayores provisiones, bien por sus propios medios, bien con una petición muy limitada de nuevas ayudas al FROB.

¿Será efectivo?

Según el cálculo de BBVA, Bankia precisará unos 5.500 millones de euros para ajustar todos los niveles de provisiones, aunque esa cifra podría ser incluso mayor. Pero la concesión del Gobierno de que se pueda cargar parte de la factura contra emisión de instrumentos convertibles le abre la vía del cumplimiento, ya que cuenta con unos 6.000 millones en preferentes en preferentes. BBVA, el Santander, el Sabadell y CaixaBank ya han puesto en marcha canjes de estos instrumentos por convertibles o acciones y Bankia podría seguir la misma vía.

Los expertos y el sector dudan, sin embargo, de la efectividad de la reforma que planea poner en marcha el Gobierno esta misma semana. Consideran que si realmente se quiere realizar una limpieza definitiva de los balances el coste sobrepasará los 50.000 millones de euros anunciados, y que no se puede provisionar en más de un año si se quiere hacer una limpieza efectiva de los bancos.

Además, consideran que el esfuerzo que se exigirá a la banca, que ya presentan pérdidas trimestrales en su negocio doméstico, retrasará el momento en que estén en disposición de volver a dar créditos y, contribuir así a la recuperación de la economía.

Por su parte, el Gobierno, quiere hacer la operación con rapidez y propulsar otra nueva oleada de fusiones. Además, considera que no sería entendible que la banca diera beneficios, siguiera sin conceder créditos, pero recibiera más ayudas públicas.

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