El Gobierno de Rajoy ha dado el pistoletazo de salida para privatizar las televisiones autonómicas. La reforma de la ley está encaminada a ayudar a las comunidades a reducir su déficit (el presupuesto de las cadenas públicas alcanza los 1.500 millones de euros) sin tener que cerrarlas, tal y como ha planteado Francisco Álvarez-Cascos en Asturias.
Pero, dada la situación en la que se encuentra la economía -el FMI ha previsto para España dos años más de recesión- y la caída del mercado publicitario en televisión, ¿quién podría estar interesado en adquirir una licencia de este tipo? elEconomista se ha puesto en contacto con varios expertos que, en principio, se muestran escépticos sobre el atractivo del sector dada su evolución en los últimos años.
"No creo que ninguna televisión autonómica sea de interés para nadie ", sentencia Eladio Gutiérrez, consultor de telecomunicaciones y expresidente de Impulsa TDT. "Las televisiones no van a ser rentables como negocio para el sector privado. La televisión pública tiene objetivos que no se basan en la rentabilidad económica", explica en esta misma línea Ignacio Soto, consejero delegado de Vértice 360º.
Un modelo obsoleto
La difícil situación por la que pasan los balances de las televisiones públicas y la falta de beneficios no es lo único que echa para atrás a los inversores. El modelo de negocio de las televisiones autonómicas se ha quedado obsoleto. "A la vista de lo sucedido, con fusiones y cambios tecnológicos lo que hay que hacer es replantear el sector entero, no sólo desde el punto de las televisiones autonómicas. Ahora mismo la licencia de algunas de estas televisiones puede ser alta pero todo esto puede cambiar con la llegada de la televisión por Internet", asegura Eduardo García Matilla, ex presidente de la consultora Corporación Multimedia.
El vicepresidente de Vértice dice que el cambio a la TDT también ha quitado atractivo y sentido al modelo actual de televisión local, ya que "el coste de esta señal de TDT de ámbito autonómico es muy caro para lo que facturan muchas de estas cadenas. Es decir, Abertis, que es la que te pone la señal en el aire, te cobra 5 millones al año por una licencia nacional".
El mercado de la publicidad, que en 2011 se ha contraído un 5 por ciento según las últimas estimaciones de la agencia Zenthinela, el descenso de la audiencia, que ha caído entre uno y dos puntos en 11 de las 13 televisiones autonómicas españolas por el boom de Internet (TV online) y el aumento de número de cadenas nacionales a raíz de la TDT, también resta atractivo a este producto que en 2010 registró unas pérdidas (sin contar con las subvenciones de las autonomías) de 2.454 millones, 396 millones más que en 2009.
El poco interés que los entes públicos despiertan entre los inversores también se debe a su imagen de mastodontes sobreendeudados. Las cadenas públicas, que están en la picota por haber sido un autentico sumidero de despilfarro de dinero público, tienen una plantilla de 10.834 trabajadores y en 2010 se tragaron 1.918 millones en subvenciones y tasas, según el ultimo informe de Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas).
Si una compañía optara por hacerse con las televisiones debería hacer frente a una deuda de al menos 2.000 millones de euros (1.300 millones sólo la televisión de valencia y 245 millones Telemadrid). Una situación que, sumada a la elevada plantilla y al constante descenso de su facturación por publicidad (en 2011 cayeron un 27 por ciento, hasta los 198 millones de euros en las teles locales) hace que no sea una oferta a contemplar ni "regalada". "Para hacerlas atractivas al sector privado, en vez de frenar el despilfarro, lo más probable es que las autonomías saneen las empresas a costa del erario público", aseguran fuentes del sector.
¿Vender, externalizar, cerrar?
"No sabemos si hay o no grupos interesados. De lo que se trata es de dar a las comunidades la posibilidad de que puedan elegir o no privatizar sus televisiones. Que no exista esa imposibilidad. Vamos a tratar de introducir modelos de gestión indirectos a través de sociedades de gestión de infraestructuras", explica Carlos Floriano, secretario de comunicación del PP, cuando se le pregunta por una de las medidas más aireadas por su partido durante la pasada campaña electoral.
"Aún no está claro del todo por dónde quiere ir exactamente el Gobierno, pero tendría más sentido no hacerlo por la titularidad privada, sino por la privatización de algunos servicios", explica el vicepresidente de Vértice 360º, una de la principales productoras españolas que conoce en sus propias cuentas lo que significa el impago del sector público: las televisiones públicas le deben algo más de 50 millones de euros.
Desde el Gobierno han dejado la puerta abierta para que las autonomías hagan lo que quieran con sus televisiones para poder atajar el déficit, desde seguir operándolas, como pretende Cataluña, que ha presentado un plan de ajuste, hasta cerrarlas. De momento, tan solo Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, y María Dolores de Cospedal, la de Castilla-La Mancha, se han mostrado dispuestas a privatizarlas. Ahora bien, ¿venderán la compañía y a licencia o externalizarán la producción?
Las televisiones de Madrid y Cataluña pueden tener valor pero las inversiones estarían muy alejadas de lo que había hasta ahora. Lo cierto es que el PP tiene que replantear todo el sistema de financiación pública, desde TVE a las autonómicas. La televisión de Castilla-La Mancha, por población y tamaño, no merecería la pena. Además, el planteamiento de las fronteras entre televisiones autonómicas es absurdo", sentencia Eduardo García Matilla, expresidente de Corporación Multimedi. "No creo que hubiera que eliminarlas, pero sí replantear profundamente lo que son", termina Soto.
El Gobierno piensa en privatizaciones
