España se ha quedado sin blindajes para defender su sector eléctrico. La medida aprobada por el Tribunal de Luxemburgo deja en manos de la Comisión Nacional de Energía y posteriormente del Ministerio de Industria la posibilidad de frenar una operación por parte de una empresa pública extranjera como EDF. No obstante, los principales gobiernos europeos mantienen blindado a este sector. España abrió la puerta a la llegada de empresas extranjeras tras la llamada de Endesa a la alemana E.ON. A partir de ese momento, la italiana Enel y la francesa EDF se han visto con fuerza para entrar en el mercado español sin llamar. Pero ¿qué bazas tienen en sus manos los principales países comunitarios?
Francia:
Los límites a la entrada en las energéticas francesas son palpables. Las principales compañías son públicas y eso imposibilita cualquier adquisición. Electricité de France cuenta con una participación pública del 81 por ciento y el Estado siempre debe tener una presencia superior al 70 por ciento. La adquisición de plantas nucleares es imposible, ya que dichas instalaciones están operadas por la eléctrica. Además de este blindaje, nuestros vecinos exigen que un inversor extranjero tenga una autorización especial siempre que esté encuadrado en una lista de sectores determinados, entre ellos, el sector nuclear.
La red de transporte eléctrica es propiedad de RTE, que es a su vez una filial de EDF. Además la Ley 803 de agosto de 2004 establece que sólo el estado, EDF u otra entidad pública pueda disponer de acciones del capital de RTE.
En el sector del gas, la red francesa es propiedad de GRTgaz, filial de GDF, y de Total Infrastructures Gaz de France, que posee una parte de la red de la región del sudoeste de Francia.
Tras la operación de fusión entre Suez y Gaz de France, el estado controlará el 35 por ciento del grupo resultante, lo que en la práctica hace casi inviable la compra de esta compañía.
Italia:
Las limitaciones para desembarcar en este mercado son numerosas. El Estado italiano controla el 30,3 por ciento de la petrolera Eni y el 31 por ciento de Enel -propietaria junto con Acciona de Endesa- . La compra de una energética está permitida y las restricciones se limitan a razones de competencia. No obstante, como excepción se han introducido restricciones. En 1994 se creo una golden share por la que el Estado italiano se ha otorgado posderes especiales en las empresas privatizadas independientemente de su participación.
Estas restricciones están incluidas en los estatutos de las empresas. Italia puede tener representantes en Enel y puede vetar sus decisiones a posteriori. El país contaba también con una normativa anti EDF que limitaba los derechos de voto al 2 por ciento para los operadores extranjeros, pero esta medida también fue rechazada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Alemania:
El blindaje alemán está en estos momentos bajo la revisión de la Comisión Europea. La compañía cuenta con una autorización ministerial de julio de 2002 que impone restricciones tras la fusión de E.ON y Ruhrgas. E.ON requiere una autorización ministerial para para vender títulos de Ruhrgas. El Ministerio se puede oponer por razones de política energética. Asimismo les obliga a mantener separados los activos durante al menos 10 años, es decir, hasta 2012. En Alemania además hay 1.700 operadores de luz y gas que controlan las redes de distribución, la mayoría de ellos son propiedad de ayuntamientos o comunidades.
Portugal:
El Estado tiene una participación en el capital de EDP, de Electricidad das Azores y de EEM, en Madeira. Además cuentas con una acción de oro que se aplica a Portugal Telecom, Galp Energia y EDP por razones de interés público.
Reino Unido:
Se mantiene una acción de oro en British Energy, que posee activos nucleares y se requiere una autorización para adquirir más del 15 por ciento de una empresa.
Austria:
La mayor parte de las empresas las controla el Estado. La ley exige que la mayoría del capital de las eléctricas sea estatal.
Bélgica:
Puede revocar la autorización para operar si cambia de manos una empresa de generación o distribución. El sector público siempre debe controlar el 51 por ciento.
Holanda:
Cualquier cambio en la titularidad de las red de gas o electricidad requiere el permiso de Asuntos Exteriores. La mayoría de las redes son propiedad estatal, así como los operadores de transporte.
