No parece que el sector fotovoltaico vaya a poder darse un respiro. El año pasado ya quedó claro que el periodo navideño no les iba a traer ningún regalo, más bien fue carbón lo que recibieron de parte del Ministerio, ahora en funciones, de Industria. Y de aquellos barros vienen estos lodos.
Diciembre volverá a ser un mes de batalla. Desde Anper (Asociación Nacional de Promotores de Renovables), su presidenta ha confirmado a elEconomista que están preparando unos 2.300 recursos más, que irán en dos líneas. Por un lado, la de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, el daño causado a los productores, al modificarles el Gobierno el marco legislativo en el que realizaron las instalaciones (y que podría redundar en menos inversiones).
Se trata de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto Ley 14/2010. Con el primero el Ejecutivo cambió el número de años en los que las plantas fotovoltaicas tenían derecho a cobrar la prima equivalente por producción de electricidad.
Los cambios
La legislación decía que cobraría el cien por cien durante 25 años y el 80% durante el resto de la vida útil de la instalación, y el Gobierno lo dejó en 25. Y con el segundo Real Decreto Ley limitó en un 30%, según los datos de los afectados, el dinero que cobrarían durante 2011, 2012 y 2013 al limitar el número de horas con derecho a percibir las primas.
Por otro lado están las impugnaciones de las liquidaciones de la CNE, que se notificaron en el mes de septiembre, ante la Audiencia Nacional, antes del vencimiento de los dos meses de plazo preceptivo. Es decir, "queremos que den por buenas las reclamaciones realizadas", explicaba Rocío Hortigüela, responsable de Anper. Es probable que, de aquí a entonces, el número de socios de Anper que se apunten al proceso legal vaya aumentando.
"Porque mes a mes se han ido sumando reclamaciones por las impugnaciones que se van produciendo con el paso del tiempo", según Hortigüela. Y hay que decir que 17.000 plantas dejaron de cobrar 139 millones en primas durante los pasados agosto y septiembre.
La CNE frenó
La situación se ha ido tensando. Tras la primera oleada de recursos, presentados el 24 de noviembre, la pasada semana la CNE puso sus cartas sobre la mesa: anunció que decidía no analizar los miles de recursos, al menos hasta que las liquidaciones mensuales fueran firmes, y no provisionales, como hasta ahora. Lo que alargaría el proceso unos dos años.
Tal y como adelantó entonces elEconomista, algunos de los abogados inmersos en la causa, como Brenes Abogados o Holtrop Transaction & Business Law, entendían que se trataba de una manera de ganar tiempo por parte del regulador.
Concretamente, desde Brenes Abogados alegaron que "el único objetivo de la CNE es retrasar cuanto sea posible que la Justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión controvertida (...) Y de ese modo desanimar a los afectados para que desistan de recurrir las medidas comentadas". Y desde Holtrop coincidían en que "se trata de ua muestra de debilidad (...) Y acomete así una guerra de agotamiento, puede que para ver si pasa la crisis... o para blindar las decisiones que han tomado contra el sector".
Queda por ver, a partir de ahora, qué es lo que hará -si mueve ficha- el Gobierno entrante de Mariano Rajoy. Porque aún no se tienen pistas de cuál será la política que se siga en este sentido, y si será una prioridad.
Y no hay que olvidar que buena parte del sector energético está abogando por no aumentar la capacidad en renovables, puesto que cree que sigue siendo cara y que el déficit no se lo puede permitir.
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