Madrid, 1 feb (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, de los que en España se generan 40 millones de toneladas anuales pero apenas se reciclan 3 millones de toneladas, cuyo coste será asumido por el titular de la licencia y el contratista.
Así lo ha explicado el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, en un encuentro con los medios, en el que ha señalado que la situación de partida en España es "tremendamente mala", ya que del total de residuos generados, un 90% acaba en vertederos, un 60% de ellos en basureros incontrolados.
El objetivo de esta norma es evitar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables.
Según Alejandre, el Gobierno español no va a remolque de la Unión Europea, ya que se trata de una norma específicamente española, que concreta la aplicación del principio de responsabilidad del productor.
Entre las obligaciones que establece al productor (el titular de la licencia urbanística), destaca la obligatoria elaboración en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos.
Éste incluirá una estimación de las cantidades generadas, medidas de prevención a adoptar y el destino previsto para los residuos, así como una valoración del coste de la gestión de los mismos, que formará parte del presupuesto del proyecto.
Al contratista le corresponde establecer la clasificación de los residuos en origen (en la obra), elaborar un plan de ejecución y asumir los costes.
La norma prohíbe que los residuos se depositen en vertederos sin un tratamiento previo, motivo por el cual obliga a la separación en origen a partir de determinadas cantidades -más de 80 toneladas de hormigón, 40 toneladas de ladrillos, tejas y cerámica y más de dos toneladas de metal, madera, plástico y cartón-.
El Decreto excluye las obras menores de rehabilitación y reparación domiciliarias, ya que los residuos que se generan se consideran urbanos.
Prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan un mecanismo de control vinculado a la licencia de obra, por ejemplo, una fianza o garantía, explicó Alejandre.
Establece también que las administraciones públicas deberán fomentar la reutilización de los residuos.
El Real Decreto no se aplicará a las obras que dispongan ya de licencia o la tengan solicitada el día de su entrada en vigor, siempre que se inicien en un año.
Alejandre ha explicado que se ha realizado un estudio económico concienzudo, que incluye los costes generados, pero también los beneficios, aunque muchos de éstos no son cuantificables, como la generación de nuevos mercados o nuevos puestos de trabajo.
Respecto a los costes, el estudio de gestión supondrá unos 35 millones de euros al año en toda la obra pública y privada en España, otros 124 millones por la separación y almacenamiento y 150 millones más por la gestión y el transporte. EFECOM
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