Empresas y finanzas

Los más de 130.000 millones de activos tóxicos abren la puerta al 'banco malo'

Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del gobierno. Foto: archivo.

La cantidad de activos tóxicos, vinculados al sector inmobiliario, que acumulan las entidades españolas en sus balances, aconsejan la creación de un 'banco malo' por parte del Estado, con el objetivo de aligerar las cargas de los grupos financieras y que éstos puedan reactivar lo antes posible el flujo del crédito para contribuir a la recuperación de la economía. El equipo de Rajoy: ¿quién acompañará al líder del PP si llega a la Moncloa?

A cierre de junio, últimos datos disponibles, el conjunto de bancos y cajas de ahorros acumulaban activos problemáticos por un importe total de más de 130.500 millones. Es el volumen de préstamos concedidos para actividades inmobiliarias que han entrado en morosidad o hay riesgo de que sus titulares retrasen el pago en los próximos meses y los activos que las entidades han tenido que quedarse por los impagos o el canje de deuda.

Diferentes partidos políticos, como PP o CiU, han incluido en sus programas electorales promesas para solucionar el problema de estos activos tóxicos o bien están de acuerdo con la creación de un 'banco malo'. Los populares, principales candidatos para acceder al Gobierno, están dispuestos a culminar el saneamiento del sistema financiero y para ello proponen ayudar a dar salida a estos activos inmobiliarios.

Su programa dice textualmente que "culminará el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero" facilitando la "gestión activa" del "patrimonio dañado" de las entidades financieras que lo precisen. "La puesta en el mercado de ese patrimonio se hará con criterios de transparencia, concurrencia y supervisión independiente", añade.

Los bancos también están presionando para que el banco malo sea una realidad, ya que los ingresos que obtienen son cada vez menores por la caída de la actividad y buena de parte de ellos se destinan a realizar provisiones para cubrir las pérdidas por su exposición inmobiliaria. El Santander y el Sabadell son las únicas entidades que han defendido en público la constitución de un 'banco malo', aunque sostienen su dificultad por la fijación del precio de estos activos y porque supondría un aumento de los niveles de déficit público insostenibles.

Fuentes cercanas a los populares sostienen que el PP ya ha mantenido conversaciones en Bruselas encaminadas a solicitar ayudas del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para que España pueda hacer frente a este saneamiento de la banca, que será complementario al reforzamiento de sus principales entidades, a los que se les exige unos 26.000 millones adicionales de capital.

¿Cómo se articularía el banco malo?

Según distintas fuentes, éste adquiriría tanto a los créditos problemáticos como a las viviendas y el suelo a precios similares al valor en libros fijado por las propias entidades. De esta manera, las entidades podrían liberar las dotaciones que han constituido para tapar pérdidas. Éstas se estiman en unos 30.000 millones, ya que han cubierto en torno a un 15 o 20% de los préstamos al sector inmobiliario y en torno a un 33% de los activos adjudicados.

Con este dinero las entidades podrían capitalizarse y abrir la mano en la concesión de créditos tanto a las empresas como a las familias.

Según las mismas fuentes, se ha descartado por el momento que el Estado tome los activos a precios de mercado, es decir, muy por debajo del valor en libros. Este método que se utilizó principalmente en Estados Unidos tras la quiebra de Lehman Brothers ocasionó problemas y el Gobierno tuvo que inyectar cantidades ingentes de recursos en las entidades ya que éstas tuvieron que anotarse las pérdidas asociadas al traspaso, con lo que tomó buena parte de su capital. De aplicarse esta vía en nuestro país, los fondos públicos se elevarían sustancialmente en el proceso de saneamiento del sector financiero.

Pérdidas compartidas

El Estado español sería el gestor del 'banco malo', aunque cabe la posibilidad de que sea compartida en el caso de las minusvalías finalmente sean asumidas por las dos partes. En un principio, la venta de los pisos y el suelo generaría pérdidas, ya que el precio venta es inferior al del mercado. Los créditos rentarían por los intereses, pero existe el riesgo de impago por parte de los clientes.

En la articulación de esta entidad pública también es probable que se diera una opción de recompra de todos los activos a las entidades en un periodo de tiempo limitado.

Las entidades cuentan con más de 216.000 millones concedidos al sector inmobiliaria. No todos estos préstamos cuentan con riesgo real o probable. Según la contabilización de bancos y cajas al cierre del primer semestre del año, el 37 por ciento (más de 79.000 millones) está clasificado en la partida de morosidad o subestándar -aquellos que a día de hoy están al corriente de pago, pero que podrían incurrir en insolvencias en los próximos meses-. Además, han tenido que adjudicarse por impagos más de 50.000 millones de viviendas y suelo.

Las nuevas exigencias europeas no incluyen el deterioro inmobiliario en el caso español. El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González-Páramo, defendió ayer la medida y aseguró que la banca española "quedará muy probablemente fuera de sospecha en cuanto a debilidad".

WhatsAppTwitterTwitterLinkedinBeloudBeloud