Madrid, 20 ene (EFECOM).- El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González, cree que el hecho de que las instalaciones renovables pasen a pagar IBI como Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) "dañará gravemente al sector" y hará peligrar rentabilidad e inversiones.
En declaraciones a Efe, González Vélez ha explicado que esta modificación (las instalaciones renovables pagarán entre un 0,6 por ciento y un 1,3 por ciento, frente al 0,4 por ciento al que tributan ahora como bien urbano), supondrá un desembolso de hasta 182 millones de euros al año sólo en el caso de las instalaciones eólicas.
Según los cálculos de la APPA, si la inversión por cada megavatio eólico ronda el millón de euros, un 1,3 por ciento supondría pagar 13.000 euros anuales por cada uno.
"En España, con más de 14.000 MW eólicos instalados, el total puede superar los 182 millones de euros anuales", resume González Vélez.
Ante estas cifras, desde la APPA piden al Gobierno "que corrija este punto" que ha quedado modificado tras una sentencia del Tribunal Supremo, fechada en mayo de 2007 y de la que se han hecho eco esta semana algunos medios.
En ella el Alto Tribunal estimaba el recurso presentado por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y declaraba nulo un inciso del artículo 23.2 del Real Decreto 417/2006 por el que sólo se consideraban como Bices las instalaciones acogidas al régimen general (nucleares, ciclos combinados, plantas de carbón, etcétera).
En la práctica, la modificación supone que, a partir del año que viene, las instalaciones acogidas al régimen especial (eólica, solar, biomasa, cogeneración, minihidráulica) pasarán a pagar entre un 0,6 por ciento y un 1,3 por ciento del valor catastral en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
El porcentaje exacto de tributación lo determinarán los ayuntamientos de las localidades en las que estén ubicadas las instalaciones.
Según el presidente de la APPA, los nuevos porcentajes son desproporcionados y pueden poner a algunas empresas del sector en situaciones difíciles, además de generar "desequilibrios" entre las localidades que cuenten con este tipo de instalaciones y las que no.
"Los ayuntamientos van a fijar el máximo (1,3 por ciento), ninguno va a renunciar a tener ingresos por esta vía", argumenta Gónzalez Vélez para quien las renovables no pueden convertirse en un "modo de financiación local".
La Asociación de Productores de Energías Renovables agrupa a unas 400 empresas que trabajan en diversos sectores como biocarburantes, biomasa, eólico o solar. EFECOM
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