Arranca un nuevo juicio sobre la gestión del club rojiblanco por las familias Gil y Cerezo. El juzgado de instrucción de Madrid verá la impugnación que presentaron los accionistas minoritarios a los acuerdos societarios de la ampliación de capital del club, según los cuales falta una importante suma de dinero en concepto de deuda e intereses.
El proceso se une al todavía pendiente recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción y los accionistas minoritarios del Atleti ante Audiencia Provincial de Madrid. En ambos casos, la Espada de Damocles pende sobre la cabeza de Enrique Cerezo Torres y Miguel Ángel Gil Marín que, como máximos representantes del club, se enfrentan a "supuestos típicos de defraudaciones, falsificaciones y administración desleal."
Un proceso de 16 años de antigüedad
La trama se remonta a 1992, cuando transformaron el club en Sociedad Anónima Deportiva. A partir de ese momento, la familia Gil y Cerezo supuestamente comenzaron a confundir su patrimonio con el del club del cual además, se convirtieron en máximos accionistas para "simular" pagos.
Los minoritarios consideran que, al ser precipitadamente deudores y máximos representantes de la entidad, en ningún momento reclamaron las distintas deudas que asfixiaban al club. Sospechan, y así lo reflejan en la denuncia, que se ocultó mediante un complejo entramado de empresas relacionadas con el Atleti y administradas por los descendientes de Jesús Gil.
Declaran además, que la familia Gil nunca desembolsó los 42 millones de euros que debería haber pagado cuando, en 1992, transformó el club en Sociedad Anónima Deportiva. Una deuda que ya ha generado unos intereses de 12 millones de euros.
Posible ampliación
A pesar de las importantes pérdidas que han denunciado acuden a la ampliación para no diluirse. Los hermanos Gil Marín y Enrique Cerezo compraron dos millones de acciones, frente a los 20.000 títulos que adquirieron a 49,88 euros. Operación que suscribieron con los 226 millones que obtuvieron con la venta del estadio Vicente Calderón a la firma División Inmobiliaria Atlético de Madrid, cuyo administrador es Miguel Ángel Gil Marín.
Esta venta se llevó a cabo tras la decisión de la Gerencia de Urbanismo de Madrid de recalificar los terrenos a urbanizables. Esta cantidad se incluyó en las cuentas del club pero nunca llegó a realizarse y además, la valoración que se hizo del estadio fue muy superior a la que finalmente fijó el Ayuntamiento de Madrid: 79,343 millones. La venta ficticia se ocultó a los accionistas, según denuncian ellos, y permitió a los Gil Marín continuar con la mayoría de las acciones con un mínimo desembolso de 3,1 millones.
Condenas
En 2004 la Audiencia Nacional ya condenó a Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo a penas de prisión por apropiación indebida de la acciones del Atleti. Sin embargo, la dilación de los procesos judiciales permitió que el Supremo prescribiese el delito. Un retraso que no impedirá hoy volver a revisar en los juzgados si hubo apropiación indebida ni mantener la obligación "de reponer la situación contable al estado anterior a la firma."