Bruselas, 10 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que iniciará un procedimiento de infracción contra España, acudiendo si es necesario al Tribunal de Justicia comunitario, por no retirar ciertas condiciones a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa.
El plazo que la CE dio a España para retirar esas medidas concluye en la medianoche de hoy, pero el Gobierno de Madrid remitió hoy una carta a Bruselas en la que reitera su opinión de que las esas condiciones se ajustan a la normativa europea.
"Si España no se conforma a la petición de la Comisión, no tendremos otra elección que emprender medidas", señalaron fuentes del Ejecutivo comunitario, que indicaron que aún no han recibido el documento español.
El portavoz de Competencia en la CE, Jonathan Todd, señaló este miércoles que si las condiciones "no se retiran, se estará vulnerando la legislación comunitaria. La respuesta normal es abrir un procedimiento de infracción y, en caso necesario, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia la Unión Europea (UE)".
Las condiciones objeto de la controversia fueron impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado julio y parcialmente modificadas por el Ministerio de Industria en octubre, en respuesta a un recurso de Enel y Acciona.
Entre ellas figuran las obligaciones de mantener Endesa como compañía independiente; de preservar su marca y sus centros de decisión en España; de adquirir carbón nacional y de mantener sus activos no peninsulares.
La Comisión considera que tales restricciones violan los principios de libre circulación de capital y mercancías, y de libertad de establecimiento, consagrados en el derecho comunitario.
Además, entiende que las autoridades españolas están infringiendo el reglamento europeo de concentraciones empresariales, que otorga a Bruselas la competencia exclusiva para evaluar los efectos sobre la competencia de las operaciones de esta dimensión.
La Comisión entiende que estas condiciones son similares a las impuestas a la frustrada opa de E.ON sobre Endesa, que también consideró ilegales y acabó denunciando ante el Tribunal de Justicia de la UE, que aún no se ha pronunciado. EFECOM
rcf/prb
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