Madrid, 9 ene (EFECOM).- El grupo IU-ICV ha presentado hoy en el Congreso una proposición de ley que establece, entre otras medidas, la prohibición de vender electrodomésticos no catalogados como clase energética A en 2012 y persigue reducir un 1 por ciento el consumo energético anual los próximos 5 años.
La iniciativa prohíbe la producción y venta a partir de enero de 2010 de las lámparas de iluminación de vapor de mercurio, los productos que consuman en modo de espera más de un vatio y los productos que no tengan un diseño ecológico y, a partir de enero de 2010, las bombillas incandescentes y la mayoría de las halógenas.
El portavoz del grupo IU-ICV, Joan Herrera, ha señalado que quieren que la iniciativa, que no será discutida en el Parlamento porque las Cortes se disolverán el próximo lunes, sea la primera ley que debatan las Cámaras durante la siguiente legislatura.
En cuanto a las tarifas eléctricas, la proposición establece un modelo "progresivo y escalonado" con el que se ajuste el precio que se paga por la luz al coste real de su generación y se ponga fin al déficit tarifario, diferencia que se produce cuando los ingresos de la factura eléctrica son insuficientes para cubrir los costes de producción, y que se repercute en la tarifa durante los siguientes años.
"No queremos que todo el mundo pague más por la luz, sino que los que derrochen paguen más", explicó Herrera, quien calificó el modelo actual como un sistema "perverso" que permite un negocio "redondo para las eléctricas y pésimo para la ciudadanía".
La proposición añade que se podrán establecer impuestos adicionales para desincentivar el derroche y financiar programas de gestión de la demanda y mejora de las primas a las tecnologías menos competitivas.
Así, el nuevo sistema de tarifas servirá, según la proposición, para promover la eficiencia energética, internalizar los costes ambientales de las energías "sucias" y dar al consumidor "una señal de precio ajustada a la realidad".
La iniciativa propone además limitar la iluminación de los escaparates y que la ornamentación navideña municipal se restrinja a un consumo de un kilovatio por cada 1.000 habitantes, algo que, según el portavoz de Greenpeace, Pablo Coraledo, conseguiría reducir a menos de la cuarta parte el consumo energético de la ornamentación en una ciudad como Madrid.
La proposición exige que los edificios necesiten autorización municipal para ser iluminados y que ésta se conceda por motivos "históricos y artísticos" y nunca por motivos "comerciales", en palabras del responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Joaquín Nieto, quien añadió que se prohibirían los cañones de luz y láseres que apuntan al cielo: "la luz debe ir dirigida a lo que se quiere iluminar", afirmó.
También se plantea la creación de una Agencia para el Ahorro y las Energías Renovables (AAER), como entidad pública empresarial, y de un Consejo Consultivo de Ahorro y uso eficiente de la energía.
Para Herrera, esta proposición, que se ha presentado junto a representantes de Greenpeace, Comisiones Obreras, WWF Adena y Ecologistas en Acción, evidencia que se puede hacer otra política energética para intentar crear una "nueva cultura de la energía" igual que se ha hecho con el agua y ha denunciado que en estos años "no se han hecho, ni mucho menos, los deberes". EFECOM
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