El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se siente satisfecho con el coste que, hasta ahora, ha supuesto la recapitalización llevada a cabo tras la reforma de este año: 7.551 millones de euros que se reparten Unnim, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y la CAM. Considera que es una cifra moderada con la que puede poner punto y final al proceso de recapitalización de las cajas.
Sin embargo, la cifra es engañosa, por varios motivos. En primer lugar, no tiene en cuenta ayudas anteriores que ya ha tenido que dispensar el Banco de España, el Frob o el fondo de garantía de las cajas de ahorros y, en segundo lugar, porque tampoco incluye el dinero que el Estado destinará al proceso de adjudicación de la CAM puesto en marcha tras su intervención.
Si se suman todas estos conceptos, la factura de la reordenación y saneamiento del sector alcanzaría, según las primeras estimaciones, más de 43.000 millones de euros. Sin tener en cuenta futuras ayudas a la CAM, la cifra se eleva ya a 25.395 millones.
Todavía no está claro el montante que tendrá que desembolsar el Banco de España en la caja alicantina. Por ahora, ha inyectado 2.800 millones en forma de capital y 3.000 millones en una línea de liquidez. Ambos serán prácticamente irrecuperables. El gobernador admitió ayer en una comparecencia que el Estado tendrá asumir pérdidas por estos conceptos, debido a que los posibles compradores de la CAM no están por la labor de hacer frente a este coste para quedarse con sus activos.
Esquema de protección
¿Qué gastos se tendrán que afrontar en la entidad intervenida? En principio, el supervisor está dispuesto a conceder un Esquema de Protección de Activos (EPA) al adjudicatario para cubrir insolvencias futuras por un valor conjunto de unos 17.750 millones en varios tramos. En el primero, el comprador sólo asumiría pérdidas del 80 por ciento de un total de 2.500 millones y, en el segundo, el 90 por ciento de unos 17.500 millones. Este esquema facilitaría la absorción de los activos más delicados de la CAM que, no obstante, no todos tienen que acabar en impago y otros tantos podrán recuperarse.
A esto habría que añadir una línea de liquidez adicional de 2.800 millones para que el grupo que se quede con la CAM pueda digerir los vencimientos de deuda tan elevados. Por esta línea el comprador pagará unos intereses. Si bien la cuantía de este crédito aún está por cerrar, ya que los candidatos que han presentado ofertas no vinculantes pretenden conseguir un importe mayor como consecuencia de unos vencimientos en los próximos dos años de en torno a unos 7.000 millones.
Primera oleada
Estas son las cuentas de la factura de la CAM. La del resto del sector se divide en dos. Las ayudas aportadas el ejercicio pasado con motivo de la oleada de integraciones, que alcanzaron 9.544 millones, incluyendo el EPA otorgado a BBK para absorber CajaSur tras la intervención. Algunas de las entidades que recibieron dinero público vuelven a necesitar en la actualidad la asistencia del Estado (ver cuadro adjunto). Son los casos de Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, en los que el Frob tomará el 93, 90 y 100 por ciento del capital, respectivamente.
Aparte queda el caso de CCM, cuyo reflotamiento se hizo a través del fondo de garantía de depósito. Esta hucha está dotada con recursos aportados por las cajas y desembolsó en la manchega un total de 5.300 millones a través de líneas de liquidez y capital, además del esquema de protección concedido a Cajastur para su adjudicación.
Todos estos números son los que no tuvo en cuenta ayer el gobernador. Ordóñez, en cambio, consideró que el coste público de la capitalización de las cajas ha sido menor del esperado, ya que en principio se estimaba en 17.500 millones.
Además, indicó que la cuantía es "moderada" si se compara con los más de 105.000 millones que han destinado las propias entidades a su saneamiento en los últimos años. Eso sí, el gobernador reconoció que la cifra "puede ser demasiado elevada para un ciudadano de a pie".
En este proceso de recapitalización, iniciado a principios de este año, hay otras dos entidades que necesitan mejorar sus niveles de solvencia. El Banco de España ha concedido 25 días de plazo a Liberbank y BMN para que busquen entre inversores privados o ventas de activos un total de 830 millones. Ordóñez se mostró confiado en que sean capaces de encontrar los recursos que requieren.
Fitch: "Se necesitarán más provisiones"
