LA PAZ (Reuters) - Tres días después de sufrir una dura represión policial, indígenas amazónicos bolivianos anunciaron el miércoles que reanudarán su marcha contra una carretera en la selva financiada por Brasil, reafirmando un desafío político insospechado para el presidente Evo Morales.
Algunos analistas advirtieron de que el conflicto podría derivar en una desestabilización e incluso marcar el principio del ocaso del mandatario, el primero indígena de Bolivia y quien ha sido el político con mayor respaldo electoral en más de medio siglo en el empobrecido país.
Morales pareció admitir la gravedad del momento al hacer por la noche una breve declaración televisada en la que aseguró que compartía la "indignación" colectiva desatada por la represión policial del domingo a los indígenas marchistas.
"Compartimos esta indignación del pueblo boliviano, todos rechazamos, repudiamos (la represión a los amazónicos). Para mí son una llamada de atención del pueblo boliviano las manifestaciones", dijo.
"Yo como víctima (de represión en el pasado) nunca podría instruir que haya una violencia como la que hemos visto (...) Quiero decir a las familias víctimas que nos disculpen, que me perdonen", añadió.
La reanudación de la marcha de centenares de kilómetros desde las llanuras amazónicas hasta las alturas de La Paz fue anunciada al día siguiente de que Morales empezara a pagar, con el cambio de dos ministros, el coste político de la acción policial.
Los indígenas, fortalecidos por una ola nacional de solidaridad que incluyó un paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), proclamaron en una manifestación en Rurrenabaque, donde se reagrupaban, que "la lucha sigue".
"Viva la histórica marcha por el TIPNIS, la marcha continúa", dijo una resolución de los aproximadamente 200 indígenas concentrados en ese pueblo norteño que fue leída por la dirigente Mariana Guasanía.
Pero no precisó cómo ni dónde se reiniciaría la protesta.
Los indígenas, que partieron el 15 de agosto de la ciudad tropical de Trinidad en una marcha de rechazo a una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), fueron reprimidos cuando estaban a mitad de camino, a unos 300 kilómetros de La Paz.
ALTOS RIESGOS
"Estas podrían ser las movilizaciones más grandes que se han producido en el país en contra de este Gobierno (...), hay una ruptura entre un Gobierno y su base indígena", dijo el analista y docente Jorge Lazarte.
"Por tanto, se ha precipitado una etapa de ocaso del Gobierno (...), por primera vez en los últimos años se ha escuchado gritar a la gente que este Gobierno se vaya, esto es lo grave", apuntó.
Franklin Pareja, profesor de ciencia política de la universidad estatal de La Paz, dijo que la ola de solidaridad con los indígenas amazónicos estaba creando "una conciencia nacional de muchos sectores que puede empezar a desestabilizar una gestión que está demostrando una gran impostura".
En su opinión, el problema de fondo radica en la contradicción entre la nueva Constitución indigenista, impulsada por Morales, y la gestión gubernamental.
"El Gobierno no ha podido dimensionar la cantidad de privilegios y de derechos que estaba otorgando a los indígenas y, ahora que quiere tomar medidas desarrollistas, recién se da cuenta de que el haber concedido un exceso de derechos es lo que le está haciendo inviable sus políticas", añadió.
Entre esos derechos extraordinarios otorgados por la Constitución de 2009 destacan el derecho a la consulta sobre la explotación de recursos naturales y representación garantizada en los poderes legislativo, judicial y electoral.
Morales, de la etnia aymara del occidente andino y quien lleva más de un año y medio de su segundo mandato quinquenal, se había enfrentado a la dura oposición de sectores conservadores, pero no de los pueblos "originarios" a los que dice representar.
Los amazónicos, que demandaban inicialmente ser consultados sobre el proyecto, exigen ahora una ley que garantice que la obra no pasará por el TIPNIS, el parque de 1,2 millones de hectáreas en el centro del país que es su propiedad colectiva.
Morales anunció el lunes por la noche la suspensión temporal del proyecto y propuso un referendo para consultar a la población sobre uno de sus planes más ambiciosos. Pero los indígenas ahora rechazan esa consulta.
Guasanía indicó que demandan también una investigación imparcial sobre la represión policial del domingo, de la que responsabilizaban a Sacha Llorenti, quien renunció el lunes al Ministerio de Gobierno y fue reemplazado por Wilfredo Chávez, quien era viceministro de la Presidencia.
El otro cambio en el gabinete fue el de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, por Rubén Saavedra, quien había ocupado ya ese cargo hasta principios de año. Chacón dimitió aduciendo desacuerdo con la represión a los indígenas.
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