LA PAZ (Reuters) - El presidente de Bolivia, Evo Morales, cedió el lunes ante una protesta indígena que parecía sobrevivir a una dura represión policial y anunció la suspensión temporal de un proyecto de carreteras por un parque amazónico que ha desatado tensiones políticas en pleno proceso electoral.
El mandatario, también indígena y líder de los productores de coca, trataba así de aplacar una ola de protestas que se extendía por todo el país, al día siguiente de que la policía interviniera una marcha de más de un mes que realizaban indígenas que se oponían a la carretera que atravesaría su territorio.
Morales hizo su declaración horas después de que la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, renunciara en protesta por la violenta intervención policial a la manifestación indígena, que se encontraba a 300 kilómetros al norte de La Paz, a mitad de su recorrido desde la ciudad amazónica de Trinidad.
El presidente boliviano negó haber instruido la represión, repudió la "violencia, exceso y abuso" sufridos por los manifestantes indígenas y anunció una investigación internacional sobre el caso.
Respecto de la construcción de la carretera en el parque del centro del país conocido por su sigla TIPNIS, de 306 kilómetros y un coste de 420 millones de dólares financiados casi totalmente por Brasil, dijo que sólo será reanudada si es aprobada en un referéndum.
"Quiero salvar una responsabilidad ante la historia y ante el pueblo boliviano (...), que haya un debate nacional, un debate del pueblo boliviano para que decidan (en referéndum) especialmente los dos departamentos beneficiarios o involucrados", Cochabamba y Beni, dijo el gobernante.
"Mientras (...) queda suspendido el proyecto de carretera en el TIPNIS y que sea el pueblo el que decida", señaló en una declaración televisada en la que presentó leyes y decretos de décadas pasadas que autorizaban la obra.
RENUNCIA DE MINISTRA
Los aproximadamente 200 indígenas retirados de la marcha por la policía permanecieron el lunes en el pueblo de Rurrenabaque -100 kilómetros al norte del lugar de la represión- donde anunciarían el martes su decisión sobre si reanudar o no su protesta, reportaron medios locales.
"No comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo y respeto a los derechos humanos", dijo Chacón en su renuncia.
La ministra señaló que "las medidas asumidas (por el Gobierno) lejos de aislar a la derecha fortalecen su accionar y manipulación de la marcha".
Autoridades indicaron que la represión dejó un saldo impreciso de heridos y Morales acotó que el Gobierno no había podido confirmar la supuesta muerte de una bebé, a causa de la fuerza policial, que habían denunciado dirigentes indígenas.
El conflicto se desarrollaba tres semanas antes de unas elecciones judiciales impulsadas por Morales como una de sus principales reformas y rechazadas por la oposición conservadora que hace campaña por el voto nulo.
El gobernante izquierdista, declarado seguidor del venezolano Hugo Chávez, se enfrentó en el pasado a violentas protestas de la oposición derechista en varias regiones pero no había tropezado hasta ahora con una protesta radical de grupos indígenas, a los que dice representar.
La embajada de Brasil en La Paz, a través de un comunicado, ratificó la financiación de su Gobierno para el proyecto vial.
"El Gobierno brasileño confirma que su disposición de cooperar con Bolivia en el marco de dicha obra se desenvuelve en el entendimiento de que se trata de un proyecto de gran importancia para la integración nacional de Bolivia", señaló.
Aunque relativamente pequeños en número frente a las etnias mayoritarias aymaras y quechuas del occidente andino que respaldaban masivamente al Gobierno, los amazónicos habían sido hasta hace poco emblema de la "inclusión social" y la "defensa de la madre tierra" que Morales proclama con frecuencia.
Dos líderes opositores dijeron que denunciarán ante organismos internacionales la presunta violación de derechos humanos y anunciaron que intensificarán su campaña por el voto nulo en las elecciones judiciales previstas el 16 de octubre.
La represión a la marcha fue un "acto delictivo, dictatorial (...), culminación de una infame campaña de insultos, de difamaciones" contra los manifestantes, dijo a reporteros Juan del Granado, un ex alcalde de La Paz que fue aliado de Morales hasta el año pasado.
El magnate del cemento y ex candidato centroderechista Samuel Doria Media dijo que "si el presidente es quien ha ordenado la intervención a la marcha, ha sepultado su liderazgo y ha dejado de ser el símbolo del cambio, su único sustento es represión".
