Donde dije digo, digo Diego. Un dicho que se ajusta a la perfección con lo ocurrido con la postura mantenida por Juan Ignacio Zoido antes y después de ser alcalde de Sevilla tras las elecciones del 22-M respecto a la Torre Cajasol.
Como candidato del PP a la alcaldía, aseguró que revisaría "con lupa" la licencia urbanística concedida para realizar la macrotorre de 180 metros. Una lupa de cristal fino, ya que la licencia está denunciada ante los tribunales por las plataformas cívicas antitorre a causa de las graves deficiencias identificadas en ella en parte por la propia Junta de Andalucía y por otro lado por los abogados de los colectivos antitorre.
Sin embargo, Maximiliano Vílchez, concejal de Urbanismo nombrado por Zoido, ha asegurado esta semana que esa licencia sólo presenta "dificultades menores" para poder considerarse legal. Una postura que sigue al nombramiento de un exalto cargo de Cajasol, Alberto de Leopoldo, como responsable directo de la gerencia de Urbanismo municipal, que depende Vílchez.
Una serie de declaraciones y acciones que se suman a otra importante decisión en el ámbito judicial relativa a la postura del ayuntamiento ante la citada demanda contra la licencia. El anterior gobierno municipal de PSOE-IU decidió presentar una cuestión previa de inadmisibilidad contra esa demanda al entender que debería de haberse presentado poco después de la concesión de la licencia, y no con la torre ya en obras (se han levantado ya 12 plantas). Vílchez, tras acceder al cargo en junio pasado, prometió a los colectivos antitorre que el nuevo ayuntamiento retiraría esa cuestión previa para agilizar el pronunciamiento judicial sobre la licencia.
Pero, según José García Tapial, abogado de los colectivos antitorre, el ayuntamiento ha incumplido su promesa y mantenido la acción. Como consecuencia, la juez ha decidido tenerla en cuenta y rechazar la admisión de la demanda seis meses después de que se presentara. "Vamos a recurrir esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero esto nos llevará seis meses más, y la torre tendrá ya 20 plantas", calcula el letrado.
De esta forma, y por la vía de los hechos directos e indirectos, el nuevo consistorio ha consentido también con este proyecto, del que la Unesco ha pedido su paralización en 2009, 2010 y 2011 sin éxito.
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