Las eléctricas también tienen problemas: 'golpe' de 1.500 millones en sus cuentas de 2007

Las eléctricas tampoco podrán escaparse de las consecuencias de la crisis crediticia global. Las compañías tienen problemas para poder cerrar sus cuentas de 2007 sin salvedades. En estos momentos, las empresas están buscando las fórmulas apropiadas con sus auditores para poder apuntarse los ingresos del déficit de tarifa registrado durante 2007, que suponen 1.500 millones de euros, porque esta cantidad todavía no está titulizada.

Las eléctricas no pueden contabilizar los ingresos porque, según la legislación vigente, al haberse declarado desierta la subasta, el derecho de cobro sigue perteneciendo a la Administración y, por lo tanto, las empresas no disponen del mismo.

Dificultades para emitir la deuda

Si, finalmente, las eléctricas tienen que hacer frente a salvedades en sus cuentas, esto podría afectar a los rating de las compañías, dificultando la emisión de deuda para las empresas y encareciéndola. Las empresas del sector tienen una apalancamiento superior al 50 por ciento. Por ese motivo, mientras se buscan las soluciones contables, el Gobierno ha decidido que incluirá esos 1.500 millones con los alrededor de 2.400 millones de déficit que se generarán hasta junio de 2008.

En esta ocasión, el Ministerio de Industria no quiere más errores. Las reticencias mostradas anteriormente por el Banco de España a garantizar el cobro del déficit como si de un bono se tratara y el reducido margen que se otorgaba a las entidades financieras -el Gobierno quiere que el 'spread' esté por debajo del euribor- hizo que las 25 entidades interesadas se retirasen de la subasta. La CNE se vio entonces forzada a declararla desierta la subasta y se creó todo este galimatías contable.

Subasta sin condiciones

A esta huida de los bancos, aseguran fuentes del sector, se sumó el hecho de que la subasta se aprobara por orden ministerial, es decir, dejando las manos libres al Gobierno para poder cambiar las condiciones a su antojo en lugar de por Real Decreto, que otorga mayores garantías a las entidades financieras que dan la financiación.

La subasta, cuyo mecanismo fue regulado en la Orden PRE/2017 /2007, se celebrará en el primer semestre de 2008 y en ella se ofrecerán, los 3.900 millones de euros previstos. Esta orden ministerial que regulaba los trámites a llevar a cabo tampoco quedó exenta de sorpresas.

Tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado, la orden -del Ministerio de Presidencia- la firmó el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Para ello, se tuvo que aprobar un Real Decreto el pasado 5 de julio por el que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se inhibía en favor de su compañero de gabinete al considerar que se encontraba incursa en una de las causas de abstención que prevé la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.

La vicepresidenta se aparta

Esta ley asegura que para no firmar una orden tiene que cumplirse una de estas causas: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

También se tienen en cuenta el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. O, por último, tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Se desconoce cuál de estos fue el motivo.

En 2003, el Gobierno del PP pudo realizar una titulización de 1.500 millones de euros, la misma cantidad que la actual. En aquella ocasión, España aún no había conseguido el rating de triple A y las entidades financieras prácticamente se dieron tortas por poder entrar en este pastel. El éxito de aquella colocación permitió que después se hicieran colocaciones en los mercados secundarios español e internacional. Entre las entidades que ganaron aquel proceso figuran el Santander (SAN.MC), BBVA (BBVA.MC), Caja Madrid y Merril Lynch.