
Repsol ha dado un paso al frente y presentó ayer, tal y como adelantó elEconomista, su primer ataque al acuerdo accionarial entre Sacyr y Pemex al presentar una solicitud ante la Comisión Nacional de Energía para que el regulador investigue el pacto entre la constructora y la petrolera mexicana por la llamada función 14 que garantiza el suministro energético en España.
Repsol ha contado para ello con la asesoría de tres de los principales despachos de abogados (Latham & Watkins, Uría y Freshfields), así como de su propio equipo jurídico y, según fuentes consultadas, se ha amparado en el apartado segundo de dicha función, ampliado en la Ley de Economía Sostenible.
Según la función 14, la autorización deberá solicitarse a la CNE cuando una sociedad no comunitaria, como es el caso de Pemex, realice una compra superior al 20% del capital social "o cualquier otro inferior que conceda influencia significativa en una sociedad" que desarrolle alguna actividad en sectores regulados y añade que cualquier adquisición realizada sin la correspondiente autorización no eximirá de la obligación de solicitar dicho permiso, pudiendo la CNE requerirlo de oficio.
El comprador, por su parte, dispondrá de un plazo de dos meses desde la petición de notificación por parte del regulador para presentar su solicitud, pero la norma asegura que "en ningún caso podrá el adquiriente hacer uso de sus derechos de voto hasta el momento de haber recibido la preceptiva autorización".
En el escrito presentado por Repsol se recuerda la participación que la petrolera tiene en Gas Natural y que le otorga capacidad de gestión en negocios regulados, tanto de electricidad como de gas, así como en centrales nucleares.
Sacyr y Pemex cuentan a su favor en que la autorización sólo podrá denegarse por la CNE cuando exista "una amenaza fundada y suficientemente grave para la seguridad pública", lo que obliga al regulador a fundamentar muy bien los motivos para evitar tener que acudir a los tribunales.
Según fuentes consultadas por elEconomista, la situación puede además seguir complicándose ya que la petrolera puede acudir también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se especula con que sindicatos y asociaciones de accionistas minoritarios también tomen cartas en el asunto.
División en la CNE
El consejo de la Comisión Nacional de Energía se había mostrado molesto con las declaraciones realizadas por la presidencia en las que descartaba que tuviera que estudiar la situación y al parecer los consejeros nombrados por el PNV, Idoia Zenarruzabeitia, y el propuesto por CiU, Josep María Guinart, protestaron en el consejo de administración del pasado 1 de septiembre.
Los movimientos que realicen Sacyr y Pemex ahora serán de gran importancia, ya que el próximo 20 de noviembre se celebran las elecciones generales y el apoyo que en estos momentos les brinda el Ministerio de Industria podría desaparecer. El PP ya ha mostrado su oposición a este movimiento y, al mismo tiempo, ha destacado su intención de realizar cambios en la CNE para la que no llegó a un acuerdo con el Gobierno sobre el nombramiento de consejeros, quedándose fuera del reparto de sillones.
En el caso de una votación en el consejo sobre este asunto cobraría gran importancia la posición de Joan Batalla, un hombre cercano al PSC y a la expresidenta de la CNE, Maite Costa. Por contra, los votos de Alberto Lafuente, de Tomás Gómez y de Teresa Baquedano parece que irían en la misma línea del Ministerio de Industria y quedaría en el aire la posición de Marina Serrano. No obstante, la clave parece que no estará tanto en la resolución como en ganar tiempo.
Sacyr necesita tener un mayor peso en la petrolera para poder avanzar en la refinanciación de su deuda y cualquier retraso que se produzca corre en su contra. La bolsa ayer registró fuertes caídas que castigaron especialmente a Sacyr y a Repsol. Mientras el Ibex retrocedió un 4,69%, la petrolera cedió un 6,09% hasta los 18,59 euros por acción. Del mismo modo, la constructora registró un descenso del 7,62% hasta los 4,78 euros por acción.