David S. Paunero
Madrid, 19 dic (EFECOM).- El juicio oral por Gescartera, las insolvencias de empresas constructoras y la presunta estafa de más de 4.666 millones de euros a 465.000 clientes de Fórum Filatélico y Afinsa apartaron la atención de los pleitos a banqueros y directivos del país, muchos de los cuales quedaron archivados en 2007.
Una vez exculpado del caso de las jubilaciones millonarias, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín recibió, a finales de año, la confirmación del Tribunal Supremo de que no se celebrará la vista oral por las cesiones de crédito de nuda propiedad, una modalidad de inversión en la que no se practicaron retenciones.
El Tribunal Supremo, al igual que la Audiencia Nacional, estimó que no había lugar al juicio por los cargos denunciados por una acusación popular -la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)-, quien hablaba de un posible perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.
También, en 2007, quedó archivado el procedimiento contra el ex co presidente del BBVA Emilio de Ybarra relativo a las denominadas "cuentas secretas" (fondos extracontables del banco por 224 millones de euros), el único de los procesos que continuaba vivo de los abiertos por el juez Baltasar Garzón en 2001, sobre el que tampoco llegó a haber juicio oral.
Este año se conoció igualmente la condena a siete años de prisión para el financiero Javier de la Rosa por desviar dinero del Grupo Torras en su propio beneficio y también en favor del abogado Juan José Folchi, el empresario Jorge Núñez y el diplomático Manuel Prado, en dos operaciones conocidas como "Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria" y "Quail-Acie" (410 millones de dólares).
El caso de Torras-KIO, que data de principios de los 90, volvió otra vez, a la Audiencia Nacional, ya que se quedó vista para sentencia la operación "Croesus", por el presunto desvío de 27,4 millones de dólares.
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional hubo de cambiar de ubicación, hasta la Casa de Campo, para celebrar durante tres meses la vista del caso Gescartera, que no sirvió para aclarar el destino de los 50,22 millones de pesetas presuntamente apropiados, en su mayoría, por Antonio Camacho, el número 2 de la sociedad, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón.
A falta de solvencia entre los responsables civiles directos, Caja Madrid y La Caixa, como subsidiarios, podrían hacer frente a unos pagos -en caso de sentencia condenatoria- de hasta 94 millones de euros.
En cualquier caso, todo son cuantías menores al agujero por más de 4.666 millones detectado, por el momento, en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas en mayo de 2006, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, insolvencia punible, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal y blanqueo de capitales.
Precisamente, el juez Garzón ha separado del sumario principal la conexión de la operación Ballena Blanca, que investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con la presunta estafa de Fórum Filatélico, donde ya hay dos imputados: el abogado Domingo Cuadra y el empresario José Manuel Carlos Llorca, buscado por las policías de ocho países.
Además, en el orden mercantil, las gestiones de los 400.000 clientes para recuperar parte de su dinero, previa liquidación de las compañías, choca con los planes de viabilidad que han presentado los antiguos administradores de las sociedades filatélicas, dispuestos a demostrar que los supuestos 280 millones de sellos custodiados por Fórum y Afinsa valen más de 3.400 millones de euros.
También en 2007, se produjo el "embargo preventivo" más elevado de la historia judicial (1.823 millones de euros), que fue impuesto por el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid contra los consejeros de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña, ante los "indicios" de que puedan ser declarados "culpables" en la insolvencia de la sociedad filatélica.
En el año de la desaceleración inmobiliaria, se conocieron las insolvencias de grandes compañías como Llanera, unidas a los problemas de otras inmobiliarias como Habitat y Astroc, cuyo antiguo presidente se salvó de una querella criminal presentada en la Audiencia Nacional por administración desleal y manipulación para alterar el precio de las cosas.
También evitó la investigación de este tribunal el presidente de Air Madrid, Jesús Carrillo, quien está pendiente de que su plan de viabilidad sobre la insolvencia de la aerolínea -que afectó a más de 50.000 viajeros en las navidades de 2006- sea aprobado por un juzgado mercantil, para evitar la pieza de culpabilidad.
Además de Bañuelos y Carrillo, algunos directivos de Abengoa, que participaron en la compraventa de una parte de Xfera, lograron que no se iniciase el juicio oral contra ellos por administración desleal durante 2007.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, están los "Albertos", quienes no llegaron a ingresar en la cárcel, debido a los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional, admitidos a trámite, contra la condena de más de tres años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo.
Por el camino han quedado otros casos atascados en comisiones rogatorias, investigaciones largas o dilaciones procesales, pese a afectar a miles de inversores, como pudieran ser el de la Agencia de Valores de Aragón (AVA) -en el que se han pagado más de 36 millones de euros en indemnizaciones-. EFECOM
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