Madrid, 21 jun (EFECOM).- La proposición no de ley relativa a la paralización de la actividad de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) presentada por el Grupo Parlamentario Popular fue rechazada hoy en su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados.
Desde que la SPA empezara su actividad en octubre de 2005 ha sido objeto de innumerables críticas en esta comisión, debido al descontento manifestado por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios con su funcionamiento y los "pobres" resultados obtenidos, con sólo 1.208 contratos de alquiler cerrados durante nueve meses de actividad.
A pesar de las críticas recibidas, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido siempre la creación de la SPA y lo volvió a hacer hoy con el argumento de que ha conseguido una reducción de un 18% en el precio de alquiler de los contratos de alquiler intermediados respecto al de mercado libre.
Los socialistas reiteraron la necesidad de un servicio público de alquiler de ámbito estatal, cuyo objetivo primordial es colaborar con las comunidades autónomas, así como los ayuntamientos y entidades privadas para fomentar la calidad de la vivienda en alquiler.
Para que se rechazara la proposición no de ley presentada por el PP, el grupo socialista contó con el apoyo del ERC, que, no obstante, pidió la corrección de algunos elementos en su funcionamiento como su adecuación competencial, y la abstención del grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verde, que se manifestó en términos similares a los del ERC.
Por su parte, el PP obtuvo el apoyo del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV y el catalán (CiU) que aportaron modificaciones al texto, aceptadas por los populares, con las que se pretendía destinar los recursos anuales de la SPA, una vez disuelta, a incentivar las políticas de vivienda pública en las comunidades autónomas.
Los motivos que han llevado al PP a pedir la disolución de la SPA, ha sido, además de sus "ridículos" resultados, el hecho de que el servicio público que ofrece, lo vienen desarrollando los gobiernos autónomos desde 1984, según el portavoz del grupo popular en la Comisión de Fomento y Vivienda.
Dado que la SPA nació con un compromiso del Gobierno de que no actuaría en ninguna comunidad autónoma sin la correspondientes autorización y firma del oportuno convenio, siguen siendo los organismos autonómicos los que intermedian realmente en el proceso de alquiler de viviendas, pero en cogestión con al sociedad pública, reza la proposición de los populares.
Por ello, el PP considera que se trata de un organismo de ámbito estatal innecesario, ya que las comunidades autonómicas, con su propia estructura, realizan toda la gestión de intermediación, limitándose la SPA a firmar el correspondiente convenio, a pagar las comisiones a los organismos autonómicos y a recibir la información sobre los contratos de arrendamientos.
En cambio, los costes que genera en comparación con su "pobrísima actividad" son muy altos -a juicio del PP-, ya que tiene un presupuesto de 25 millones de euros y unos gastos de personal y explotación de más de 2 millones y 2,5 millones anuales, respectivamente, con una previsión para el cierre del presente ejercicio que arroja unas pérdidas de 12 millones de euros.
Según el PP, ya sólo los costes laborales de esta estructura empresarial pública, para que su actividad se limite a la "cogestión" a través de una empresa u organismo autonómicos, constituye "un disparate económico, que no se puede permitir".
También, en su opinión, la forma de actuar de la SPA es otro disparate, en este caso, "político", debido a que, en contra del compromiso adquirido por el Gobierno, la sociedad ha venido firmando directamente otros acuerdos con entidades privadas al margen de los convenios de cogestión suscritos con los organismos autónomos. EFECOM
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