Madrid, 10 dic (EFECOM).- La defensa de Antonio Camacho, principal imputado del caso Gescartera, afirmó hoy que los "usureros" pudieron llevarse al menos la mitad del agujero patrimonial de Gescartera cifrado por la fiscalía en 50,22 millones de euros, por préstamos al 25 por ciento de interés.
Así lo indicaron hoy fuentes jurídicas, tras escuchar, en la decimocuarta semana del juicio oral, al abogado Miguel Bajo quien, en defensa de Camacho, pidió su absolución y recriminó que algunos de estos prestamistas, entre los que citó al periodista Roberto Santos, fueron destinatarios parcialmente del dinero por el que se acusa al dueño de Gescartera de apropiación indebida.
Antonio Camacho, para quien el fiscal pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad, no se lucró de Gescartera sino que llegó a perder, junto a su familia, más de 19 millones de euros ya que, por ejemplo, según su abogado, hubieron de pagar gastos corrientes de la agencia de valores a través de una sociedad que no pertenecía al grupo como BC Consulting.
El letrado Miguel Bajo destacó, además, que, mientras en 1999, Gescartera sufrió pérdidas de 8.000 millones de pesetas (48,08 millones de euros), en el año 2000 se pasa a ganancias y, en 2001, con sólo medio año de funcionamiento, se llega a unos beneficios superiores a los mil millones de pesetas (6 millones de euros).
"Camacho y sus gestores pensaban que aquello podía salir adelante", con lo que -añadió Bajo- ha de aportar dinero de su patrimonio y de empresas familiares como Breston, Promociones Andolini y, además, buscar financiación urgente a través de lo que denominó "prestamistas-usureros".
Según Miguel Bajo, la "fórmula de financiación más grande fue a través de los préstamos-usureros" con los que se hacían "obligaciones de préstamo con interés fijo y garantizadas de una forma absolutamente imprudente", en lo que pudieron ser pagarés con intereses que variaban del 10 al 25 por ciento, cuando el MIBOR estaba entre el 5 y el seis por ciento.
Entre estos clientes que, aparecían como inversores en "renta fija", estarían Leandro García Meneses, al que se le pagaron desde enero de 1997 hasta junio de 2001, mensualmente 600.000 pesetas (3.606 euros) "en concepto de devolución intereses", José Casamayor o Roberto Santos, quien, por ejemplo, -siempre según el letrado- cobró de una vez por cheque "al portador" 230 millones de pesetas (con 91 millones de capital y el resto en intereses).
Precisamente, Miguel Bajo explicó que estas operaciones se hacían a través de cheques al portador o en efectivo, por lo que no pudieron ser investigados por el informe pericial del Banco de España, y denunció, por ello, que algunos de estos prestamistas no reclaman cantidad alguna porque "no quieren manifestar su condición", ya que "se aprovecharon hasta extremos escandalosos".
En esa línea, pidió la deducción de testimonio para Roberto Santos, por hallar incongruencias entre sus declaraciones en la fase de instrucción, el juicio y varios documentos que obran en la causa, y anunció la presentación de un recurso por "derecho a la tutela judicial efectiva" por no haber sido admitidos varios documentos que demostrarían, a su juicio, que hubo aportaciones a Gescartera por parte de Camacho.
Miguel Bajo insistió en que existe una "laguna" en los informes periciales, dado que el Banco de España reconoce que existen 1.074 millones de pesetas que van a un destino desconocido, además de los 1.158 millones de pesetas que imputan a Camacho, otros 499 millones de pesetas al grupo de Anibal Sardón y los 1.326 millones de pesetas que firmó en cheques Javier Sierra de la Flor.
Todas estas cantidades, que superan los 4.007 millones de pesetas (24,04 millones de euros) pudieron ir a parar posiblemente a los "prestamistas-usureros", pues -en su opinión- Gescartera no era una "cueva de ladrones" sino "una empresa ilusionante", por eso la CNMV autorizó su cambio de sociedad gestora de carteras (SGC) a agencia de valores (AV).
Además de intentar sembrar la "duda razonable" en el jurado para que éste absuelva a su defendido, Bajo negó los cargos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental de los que le acusan el fiscal y buena parte de las acusaciones particulares.
Respecto a la falsedad, Miguel Bajo afirmó que no se puede encontrar probada pues está fijada "a boleo" y, en cuanto a la apropiación indebida, basada en los informes periciales de la Agencia Tributaria y Banco de España, señaló que existe una "laguna" sobre los pagos a prestamistas y el dinero invertido por Camacho y su familia.
"No interesa hurgar en la bondad de una empresa cuando se llega al 25 por ciento en préstamos usureros", confesó Bajo, tras preguntarse por qué quien instituciones como el Arzobispado de Valladolid o empresas públicas como la Compañía de Tabacos en Rama (Cetarsa) invirtieron en Gescartera pese a poder hacerlo en destinos más seguros como letras o bonos del Estado. EFECOM
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