Grupos consumidores ven como mal precedente cierre caso cesiones crédito

Madrid, 3 dic (EFECOM).- Las asociaciones de consumidores criticaron hoy la decisión del Tribunal Supremo de archivar el caso de las cesiones de créditos, en el que una acusación popular mantenía los cargos contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Este fallo del Tribunal Supremo puede tener implicaciones en otros casos -tanto de delitos económicos como de terrorismo- pues trata de delimitar el papel de las acusaciones populares en las causas que se instruyen como procedimiento abreviado, que son casi el 95 por ciento de las investigaciones judiciales en España.

Los abogados de la Unión Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) tacharon de "precedente negativo" el sobreseimiento del caso, ya que una decisión así podría impedirles ejercitar la acusación popular en el futuro, sin un respaldo del Ministerio Público o la representación de algunos de los afectados directos por el daño penal.

"No se comprende muy bien la limitación de la acusación popular", indicó hoy a Efe el portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros, Fernando Herrero, para quien esta decisión podría suponer "trabas burocráticas" para las asociaciones.

Por ejemplo, según Herrero, en el caso Fórum Filatélico Adicae tendría que llevar al juzgado más de 74.000 poderes notariales además de otros gastos de los que están exentas estas asociaciones de consumidores al ser acusaciones populares.

Por otra parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), aunque prefería que se hubiera juzgado este caso en la vista oral, declaró que le parece "razonablemente bien" que el Tribunal Supremo exija que quien ha sufrido el daño -la acusación particular- sea el que pueda sostener una acusación, desde la fase de instrucción hasta el juicio oral.

"No somos expertos, pero si el tribunal lo decide así, nos parece bien", declaró el portavoz de la CECU, Antonio López, para quien este fallo del Supremo -del que no dispone todavía la sentencia- "puede tener alguna consecuencia en otros temas políticos, como el caso de Ibarretxe, pero repito que no somos expertos".

Por otra parte, el abogado de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), Óscar Benavente, indicó que la decisión de no seguir adelante con el juicio oral le parecía "jurídicamente intachable", pero que veía extraña la actuación del Ministerio Fiscal.

Benavente agregó que "cuando hay dudas en la ley es que algo no está bien", así que, a su juicio, "hay que reformar la legislación porque tiene fallos".

La Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) no quiso hacer declaraciones y otras asociaciones integrantes del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) no estaban disponibles. EFECOM

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