Millones de jóvenes españoles nunca han hecho una llamada en un teléfono público, sin que ninguno de ellos tenga previsto estrenarse.
Asimismo, miles de personas no recuerdan cuándo utilizaron por última vez una cabina. Obviamente, el gran culpable de la desaparición de estos mobiliarios urbanos es el teléfono móvil. Por unas cosas y por otras, se trata de un servicio en vías en extinción, con más de 5.000 bajas anuales.
En apenas cuatro años, la cifra de teléfonos públicos se ha reducido más del 20 por ciento, según se desprende de los datos que ayer distribuyó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Todas las cabinas telefónicas de España son propiedad de Telefónica y su coste está financiado con cargo al Servicio Universal, por parte de las principales compañías de telecomunicaciones.
A modo de ejemplo, Madrid dispone de una cabina callejera por cada 1.450 habitantes. Si además de los teléfonos de uso público se añaden los de acceso privado (aquellos situados en bares y restaurantes), el porcentaje es de un terminal por cada 1.200 habitantes. Hace cuatro años, el mismo ratio en Madrid era un teléfono público por cada 800 personas, cifra que ahora coincide con la media del país.
El reglamento del Servicio Universal especifica que en cada municipio "deberá existir, al menos, un teléfono público de pago, y uno más por cada 1.500 habitantes en cada municipio de 500 o más habitantes".
La mayor penetración de teléfonos públicos corresponde a Las Palmas de Gran Canaria, con tres cabinas por cada mil habitantes. La media del país es de 1,2 teléfonos por cada mil personas.
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