PP pedirá que la renta de emancipación se amplíe a 240 euros y hasta 35 años

Madrid, 28 nov (EFECOM).- El PP presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para modificar el Real Decreto que regula la renta básica de emancipación para jóvenes, con el propósito de que se amplíe a 240 euros mensuales y se conceda hasta los 35 años, así como a los jubilados mayores de 65 años.

Lo ha anunciado el secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, tras reunirse en la sede del partido con los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas gobernadas por los populares.

En esa reunión se ha decidido presentar, además de la proposición no de ley, un convenio alternativo al propuesto por el Ministerio de Vivienda para la tramitación de la renta básica de emancipación y un requerimiento de incompetencia por considerar que la mencionada renta es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

Sobre la renta básica de emancipación (210 euros mensuales durante cuatro años a jóvenes de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros brutos anuales), la proposición no de ley del PP pedirá que se iguale a las ayudas ya establecidas en el Plan Estatal de la Vivienda 2005-2008, que llegan a 240 euros mensuales y se extienden hasta los 35 años.

Asimismo, los populares reclamarán que esas ayudas se mantengan mientras persista la situación económica que hizo al beneficiario acreedor de esa subvención y que se extiendan también a los jubilados mayores de 65 años con el mismo límite de ingresos.

Al margen de esta diferencia de criterio sobre las características de la ayuda, Arias Cañete dijo que las comunidades gobernadas por el PP comenzarán a tramitarla a partir del 1 de enero, tal y como ha anunciado el Gobierno, si bien dudó de que los beneficiarios puedan empezar a cobrarla antes del 28 de febrero.

A su juicio, ese plazo es imposible de cumplir dado que todavía no se han firmado con todas las comunidades autónomas los convenios para la tramitación de esa ayuda, ni se han suscrito los protocolos necesarios con la Agencia Tributaria, el Catastro o la Dirección General de la Seguridad Social para agilizar la comprobación de los datos de los solicitantes. EFECOM

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