El Gobierno ha creado un grupo de trabajo interministerial para buscar una solución "al lío" que, reconocen en Moncloa, hay montado en relación al futuro del canon digital. "El acuerdo no está cerrado", aseguran fuentes gubernamentales que admiten, sin embargo, que el canon, en su nueva versión, quedará claramente "disminuido y amputado".
En esta mesa están presentes los Ministerios de Cultura y Justicia, que defienden esta tasa, e Industria que, presionado por los fabricantes, aboga porque se elimine el gravamen. Tampoco está de más recordar que la opinión del vicepresidente primero y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, será decisiva en el resultado final -como viene ocurriendo en todas las decisiones adoptadas en las últimas fechas- y que, en Ferraz, son conscientes de la factura electoral que les ha pasado entre los jóvenes la Ley Sinde.
El Ejecutivo entona además el mea culpa en torno a los plazos. Asume que, fruto de las discrepancias internas, los cambios normativos llegan "tarde", ya que el pasado 6 de junio se cumplió el plazo para sustituir esta tasa por otra fórmula, según recogía una enmienda de la Ley de Economía Sostenible.
La razón de esta tardanza y de estas "posturas encontradas" entre ministerios tiene, también, otro elemento externo que condicionará claramente el resultado definitivo. En octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó ilegal el cobro del canon a empresas y profesionales -después, la Audiencia Nacional anuló la orden que regulaba su aplicación-.
Fuentes gubernamentales dejan claro que el nuevo canon se someterá a la sentencia comunitaria, lo que derivará en "un canon muy reducido". Además, recuerdan que en la misma situación hay otros 22 países de la UE, pero aseguran que por los tiempos no es factible llevar a la práctica una solución comunitaria.
No compensación vía fiscal
En cuanto al contenido de la fórmula que estudia el Gobierno, desde Moncloa descartan igualmente como posibilidad que España adopte el modelo noruego, en el que hay una compensación vía impuestos para los autores recogida en los Presupuestos Generales del Estado. Es una opción que no se contempla, no sólo por el compromiso de austeridad, sino también porque admiten que la sociedad no tiene por qué estar preparada para que haya una recaudación fiscal con este fin.
La responsable del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, avanzó ayer que el Ministerio de Cultura "lleva meses trabajando en una fórmula que permita equilibrar la protección a los autores y los derechos de los internautas".
Todo ello sin suprimir el canon. Esta tasa no puede desaparecer totalmente, ya que la Directiva de la UE de 2001 sobre la armonización de los derechos de autor en la sociedad de la información obliga a los Estados a permitir que las personas físicas puedan realizar reproducciones para su uso privado, si los autores, es decir, los titulares de los derechos de propiedad intelectual, reciben una compensación equivalente.
En este sentido, el pasado 18 de abril, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley en el Congreso que instaba al Gobierno a suprimir el canon y a adoptar otra fórmula de remuneración de la propiedad intelectual menos arbitraria.
El Gobierno podría dar marcha atrás
