Ya está dado el primer paso para que la regulación de las cuotas participativas en las cajas españolas tenga algo que regular. Ese primer paso se dio el martes en la reunión del consejo de Caja Mediterráneo (CAM) que, tras tres horas de debate, dio su visto bueno, como ya publicó elEconomista en su edición del pasado sábado, a una propuesta de emisión de cuotas que se trasladará a la asamblea general el próximo 14 de diciembre.
Muy amplio, aunque no unánime, fue el apoyo recibido por parte del consejo. De los 20 miembros sólo dos votaron en contra, según fuentes vinculadas al órgano de gobierno. Se trata de los dos representantes de los sindicatos que han venido mostrando su rechazo a esta vía de financiación por interpretarla como un camino hacia la privatización de las cajas.
El acuerdo, sin embargo, fue posible entre los representantes políticos. Los seis miembros del consejo nombrados por el PSOE dieron finalmente su apoyo al aceptarse la inclusión en la propuesta de algunas condiciones que consideraban imprescindibles. Una de ellas es la de incluir en el diseño de la emisión la prohibición de que los consejeros de la CAM puedan adquirir cuotas participativas para asegurar la independencia y representación social que se le atribuye al consejo, según las mismas fuentes. Aún así, el comunicado oficial de la caja, es menos contundente al hablar de "restricción, en principio, de la posibilidad de adquirir cuotas a los miembros del consejo".
Otras de las condiciones de la emisión que llega de la mano del acuerdo político es la de recoger explícitamente la imposibilidad de creación de sindicatos de cuotapartícipes, tal y como prevé la ley. Esta medida pretende evitar la concentración de poder a través de la sindicación, cuando la participación legal máxima por inversor es del 5 por ciento. También se recogerá la amortización si una modificación del estatus jurídico de las cuotas les otorgase derechos políticos que ahora no tienen.
La propuesta aprobada por el consejo presidido por Vicente Sala pone en el 20 por ciento el límite máximo del capital que se sacará al mercado a través de la emisión de cuotas, que se realizará de una sola vez. La horquilla que se ha estado manejando hasta ahora se situaba entre el 15 y el 20 por ciento con la previsión de captar entre 1.000 y 1.500 millones de euros.
Sin calendarios
La entidad no quiso marcar un calendario en el proceso y se limitó a aprobar la propuesta para su desarrollo "dentro de un plazo máximo de tres años", que es el que recoge la regulación jurídica de las cuotas participativas a contar desde la fecha de su aprobación por la asamblea. Las condiciones del mercado será el elemento clave a la hora de elegir el momento de llevar la emisión a término, aunque algunas fuentes apuntan las elecciones del próximo mes de marzo como otro condicionante que llevaría a abordarla siempre después de la convocatoria electoral.
Las cuotas se convertirán así en la vía de entrada de liquidez en la CAM que está en proceso de expansión en España, pero también fuera con su entrada en el segundo grupo bancario privado marroquí, el Banque Marocaine du Commerce Exterieur. Una inversión en el exterior con la que la caja alicantina ha sido también pionera. Pero la medida, junto con el crecimiento futuro, le permite adecuar su balance al crecimiento registrado en los últimos años que ha venido especialmente de la mano de la inversión. La CAM , en este sentido, ha recibido en poco tiempo los dictámenes de Moody's y Standard & Poors, y ambas le han mantenido estable su rating.
La caja sigue así su propio camino en la obtención de liquidez, desmarcándose de la estrategia de entidades como La Caixa, Bancaja o la CAN, que han optado por sacar a bolsa su cartera industrial. En el caso de la alicantina, el dictámen del mercado bursátil será, cuando llegue, el primero que se realizará en España a una caja.
