Los impuestos autonómicos a la energía eólica, en particular, y la generación eléctrica, en general, centraron ayer la Convención Eólica 2011, donde el director general de Política Energética, Antonio Hernández, dejó claro que el Gobierno ya ha comenzado la tramitación para impulsar que estos tributos puedan repercutirse en el recibo de la luz de los ciudadanos de las autonomías que los impongan. La norma llegará en breve al Consejo de Estado, según explicó el director general.
No obstante, a título personal, Hernández animó a las comunidades autónomas a aumentar la competencia territorial para captar más inversiones, al igual que ocurre entre países, una propuesta que no es muy compatible con la de imponer impuestos autonómicos que repercutan en el recibo de la luz.
Por su parte, el sector se mostró totalmente en contra de estos tributos, al igual que de los concursos autonómicos para adjudicar potencia eólica. Así, el director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, Heikki Willstedt, apuntó que "si las cosas siguen así sólo se van a desarrollar entre el 30 y el 40% de la potencia adjudicada".
Por su parte, el director de Gas Natural Corporación Eólica, Eduardo Buey, se mostró reticente sobre la posibilidad de que los concursos se puedan revocar, en tanto que es el mecanismo que actualmente existe para entrar en diferentes territorios y a tenor de que han sido los ganadores de las últimas convocatorias.
Rebaja a 1.400 MW al año
En medio del debate, Hernández vislumbró por primera vez algunas pinceladas sobre la nueva regulación para la energía eólica a partir de 2013 y defendió que se instalen 1.400 megavatios eólicos al año, lo que supone rebajar la velocidad de crucero al ritmo del año 2003.
Se trata de un recorte importante, ya que el pasado año se instalaron más de 1.516 megavatios, pero según el sector este dato es "engañoso" porque sólo la mitad son de la primera fase del prerregistro, mientras que 600 MW son de 2011 y 119 MW de 2012.
Para conseguir este objetivo, Industria contempla la posibilidad de sustituir los cupos actuales, que son anuales, por otros más flexibles, "bianuales o plurianuales", con el fin de que el sector instale unos 1.400 MW al año y cumpla el objetivo de 35.000 MW de potencia instalada en 2020 que establece el nuevo Plan de Energías Renovables.
Nuevo marco regulatorio
El departamento que dirige Miguel Sebastián remitirá antes de verano la nueva propuesta a la Comisión Nacional de la Energía y previsiblemente recogerá también una simplificación de los procesos respecto al registro de Preasignación. En este sentido, citó la posibilidad de que sea el acta de puesta en marcha (que se entrega cuando un proyecto está construido y listo para verter electricidad a la red) en vez de la autorización administrativa actual el criterio que se utilice para inscribirse en el Registro y cobrar la tarifa.
El director de Política Energética no se amedrentó por el hecho de tener delante a una amplia representación del sector eólico. Y es que al mismo tiempo avisó que se está considerando que la regulación limite el número de horas de funcionamiento de los parques que reciben prima, con el fin de "promover la eficiencia y la inversión en nuevos aerogeneradores", al tiempo que advirtió que habrá un techo y un suelo para la retribución total (que se compone del precio de mercado más la prima) en vez de exclusivamente a la prima, como en la actualidad.
No obstante, Hernández dejó claro que el nuevo marco regulatorio cumplirá los principios de seguridad jurídica y simplicidad administrativa, buscará el desarrollo ordenado para cumplir los objetivos, y promoverá el mejor uso posible de los emplazamientos.
Previamente, Alfonso Beltrán, director general del IDAE, apuntó que será necesario que las demás normativas que prepara el Gobierno apoyen la consecución de los objetivos eólicos (35.000 MW de eólica terrestre y 750 MW de eólica marina). Asimismo, calificó la repotenciación como "clave" y se refirió a 4.000 MW eólicos adicionales para este fin. Para el director del IDAE, los 35.000 no son una barrera, algo que se contradice con la fijación de los cupos.
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