Cacaolat y su fábrica de Barcelona parecen dispuestas a resistir ante cualquier contratiempo. De hecho, la propuesta que los administradores concursales han enviado al juez encargado de la suspensión de pagos de la popular marca de batidos podría ser un paso hacia la estabilidad laboral de la planta.
En el escrito los administradores instan al juez "a vender la unidad productiva", de forma que Cacaolat se desvincularía de Clesa (propietaria de un 95%) y, consecuentemente, de los Ruiz-Mateos. Esta opción la plantean porque al revisar las cifras de la compañía han comprendido que la empresa puede continuar su actividad pero que adolece de falta de circulante y eso es, precisamente, lo que asfixia a la sociedad económicamente.
La propuesta viene respaldada por una serie de ofertas de compra que ya se han presentado en el juzgado. El Grupo Vichy Catalán, Central Lechera Asturiana y el fondo catalán Victory Corporate Tournaround ya han presentado su oferta y se espera que, en breve, lo hagan Grupo Leche Pascual y otros fondos de los que no ha trascendido el nombre.
La venta supondría un balón de oxígeno para una marca que es viable y que, a excepción de la fábrica en Madrid que paró su producción y la distribución a superficies comerciales, continúa con su actividad en Barcelona abasteciendo al sector hostelero.
Cuatrocientas familias de manera directa e indirecta dependen de que la producción se mantenga y de que su director general pueda respirar tranquilo. Y es que desde hace unas semanas la posibilidad de un desahucio planea sobre la fábrica catalana ante los impagos al propietario de la misma.
El desahucio
La fecha estaba fijada en principio para el día 9 de junio, pero el juicio que se celebró en Barcelona el pasado 26 de mayo, entre Proactiva, la sociedad propietaria de la fábrica, y Clesa, dio un poco de aire a la supervivencia del batido catalán.
Fuentes jurídicas explicaron que "en el juicio se puso, en principio, la fecha del día 9 de junio como la del posible de desalojo, aunque hay que esperar a la sentencia y, como ésta es compleja, es posible que la fecha quede modificada".
Todo indica, no obstante, que la opción que va a adoptar el juez es pasar el proceso de desahucio a un juicio ordinario, que permitirá ofrecer a las partes implicadas mayores garantías en la defensa de sus propios intereses ante un caso tan complejo.
La historia
Proactiva compró el inmueble donde está la fábrica a Clesa por unos 100 millones de euros a cambio de que ésta se quedase como inquilina por unos 400.000 euros al mes. Entre las cláusulas del contrato se establecía como garantía ante el impago activos de Nueva Rumasa y Dhul (hoy asfixiadas por falta de liquidez) y, además, se pactaba una indemnización de 42,5 millones en caso de impago, que es la cifra que Proactiva tuvo que aportar en efectivo antes de financiar el resto.
En el contrato se establece que si Clesa deja de abonar su cuota mensual y no recompra la compañía (imposible ahora en situación de concurso de acreedores) se devolverá a Proactiva la cantidad fijada. La propietaria de la fábrica pedirá la ejecución de las garantías.
Clesa inició sus impagos de manera intermitente en abril del año pasado y, hasta la fecha, adeuda a Proactiva unos cuatro millones de euros. De hecho, lleva unos ocho meses seguidos sin pagar.
Los propietarios de la fábrica, sin embargo, no ven como solución ideal el desalojo, sino, en primer lugar, que les paguen y sigan como inquilinos o, en segundo lugar, que se resuelva el contrato con Clesa y se hable con Cacaolat, que desde enero de 2010 es una sociedad separada de Clesa, y se la alquile al fabricante del batido.
Para ello, la mejor de todas las opciones sería que el juez del concurso autorizase la venta a cualquiera de las firmas que pujan por Cacaolat, tal y como han pedido los administradores concursales, y que el contrato de alquiler se renovase con los nuevos dueños del famoso batido de chocolate.
Entidades
¿Podría Cacaolat salir de España?
