Barcelona, 12 nov (EFECOM).- El descenso no controlado de la edificación de viviendas en Cataluña a niveles de 2003, cuando se construyeron 88.000 unidades, podría suponer la pérdida de unos 22.000 empleos, según ha alertado hoy el presidente de la Asociación de Promotores de Edificios de Barcelona, Enric Reyna.
El empresario ha vaticinado que un frenazo brusco en la actividad inmobiliaria residencial tendría efectos adversos para el propio sector, para las familias compradoras y también "para todo el entramado económico y financiero del país", con consecuencias para el sistema financiero y para las administraciones, con menos recaudación de impuestos.
Enric Reyna ha realizado estas consideraciones durante su intervención en el foro Tribuna Barcelona, donde ha disertado sobre la "Importancia de la construcción de viviendas en la economía del país", ante un nutrido grupo de empresarios, arquitectos y promotores y representantes de la administración catalana, como la secretaria general de Vivienda, Carme Trilla.
Tras recordar su apuesta por el Pacto Nacional de la Vivienda de Cataluña, que se firmó recientemente, y por la Ley que ha de servir de marco del anterior, actualmente a debate en el Parlament, Reyna ha afirmado que en las últimas semanas se ha hablado quizás demasiado de vivienda y mucho menos de aquello que, en su opinión, constituye "el auténtico nudo del problema: el suelo".
"Si hay (suelo), se pueden construir tantas viviendas protegidas como la Generalitat tiene previsto de aquí a 2016, pero sin un urbanismo ágil, sin unos procesos administrativos cortos y eficientes, y sin que los ayuntamientos colaboren al máximo aportando el suelo necesario, se intuye difícil dar las respuestas a las enormes expectativas que se han creado", ha argumentado.
Respecto al Pacto de la Vivienda, se ha mostrado quejoso de la "primera consecuencia" del mismo, el Decreto Ley de medidas urgentes en materia urbanística de la Generalitat que ha armonizado la Ley del Suelo estatal con la legislación urbanística catalana.
Esta armonización contempla que, entre las cesiones de los ayuntamientos y los porcentajes a salvaguardar para la vivienda protegida, se obliga a los promotores a destinar a vivienda pública "un 50% del suelo disponible" y también se prevé la reserva de un 10% adicional de suelo para la calificación de vivienda concertada catalana, ha explicado el presidente de los promotores.
Reyna ha considerado que no se puede llegar a un acuerdo, como el Pacto Nacional por la Vivienda y, "a los pocos días", que el gobierno catalán publique el Decreto Ley de medidas urgentes que modifica "de manera sustantiva" lo que se firmó.
"Este hecho ha sido una verdadera sorpresa para todos", ha asegurado, si bien ha apuntado "un rayo de esperanza" en las negociaciones abiertas con los departamentos de Medio Ambiente y Vivienda y Obras Públicas para establecer una moratoria en la aplicación de la figura de la vivienda 'concertada catalana' en los desarrollos urbanísticos. EFECOM
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